El Gobierno acaba de dar un paso al frente para  sentar las bases de una nueva Administración Local más moderna y efectiva, adecuada a los cambios y las necesidades de la sociedad española. El consejo de ministros ha dado luz verde al proyecto legal más ambicioso y de más calado de los últimos años, puesto que va a permitir, además de un considerable ahorro económico, un marco de atención y servicios públicos orientado hacia el futuro y planificado desde la eficacia. Con las premisas básicas de evitar duplicidades y clarificar las competencias de los ayuntamientos, el proyecto también fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales. Hay que recordar que Almería y su centro de congresos de El Toyo fue el escenario escogido por el Partido Popular para presentar a toda la sociedad española una iniciativa que, el palabras del propio Mariano Rajoy, podemos resumir en el principio, “Una Administración; una competencia”. Estamos ante una voluntad de cambio y eficiencia sin precedentes en la historia reciente de España, y para ello se ha buscado la negociación y el consenso con la  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y con el principal partido de la oposición, el PSOE, que finalmente no ha querido contribuir y sumarse a esta necesaria reforma, en un considerable ejercicio de desprecio de la realidad y en una nueva muestra de irresponsabilidad institucional. Lo que propone el Partido Popular a la sociedad española es bien sencillo: tener unas administraciones más eficaces y con menor coste. Con esta reforma saldrán reforzadas las diputaciones provinciales, que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias si creen que así se mejora el servicio. No se busca otra cosa que hacer de nuestras administraciones unas verdaderas herramientas de servicio y gestión pública, para resolver problemas en lugar de crearlos. Y es que las administraciones no pertenecen a los partidos políticos. Las administraciones son la casa común de todos. Se trata de defender la auténtica esencia de la soberanía democrática, que no es otra que las Administraciones Públicas están para servir a los ciudadanos cumpliendo la ley. Es justamente lo contrario de esa vieja práctica de patrimonializar las instituciones como si el país fuera patrimonio de una familia o de un partido político. Cuanto antes tengamos claro que el futuro ya no es lo que era, antes podrán salir las administraciones públicas de la situación de crisis de gestión por la que atraviesan en la actualidad.