Casi la totalidad de empresas, la mayoría de ellas pymes y autónomos, han cobrado ya las facturas que los Ayuntamientos españoles les adeudaban -enquistadas en muchos casos durante varios años-, gracias al Plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Anteayer, un total de 106.286 proveedores cobraron 1.715.121 facturas por valor de 9.263 millones de euros que les adeudaban 3.774 Ayuntamientos en nuestro país. En Andalucía, 631 Ayuntamientos han podido pagar 2.675 millones de euros de 548.650 facturas a 29.597 proveedores, y en la provincia de Almería, 1.719 pymes, 749 personas físicas y 116 grandes empresas han cobrado 36.234 facturas pendientes por un valor de 252 millones de euros.

El Gobierno comenzó a trabajar en enero en este Plan de pagos, de una complejidad técnica sin precedentes, que se ha gestado en un tiempo récord y que ha necesitado de dos Decretos Leyes convalidados en el Congreso, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, poner de acuerdo a 27 entidades financieras y revisar y aprobar los planes de ajustes de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Esta medida viene a representar un importante revulsivo para la economía española, a evitar la pérdida de empleos, a facilitar que las empresas, al haber cobrado lo que se les debía, puedan continuar produciendo o prestando servicios, pagar a su vez las deudas con sus propios proveedores -a las que en tantos casos no habían podido hacer frente por la falta de liquidez que suponían los impagos de los clientes públicos-, y a tener capacidad de generar puestos de trabajo.

Los retrasos en los pagos por parte de las Administraciones no son situaciones nuevas ni fruto de la crisis, que sólo ha venido a agudizar la imposibilidad de las empresas de seguir financiando las deudas que se tenían contraídas con ellas.

Desde 2006 se reconocieron en España signos evidentes de crisis y el PSOE no hizo nada por facilitar los pagos atrasados por las Administraciones a sus proveedores, que terminaron promoviendo el cierre de miles de empresas y la pérdida de miles de empleos autónomos, y con ellos cientos de miles de empleos que podrían haberse mantenido de haber contado las empresas con la liquidez que habría representado el pago de lo que se les adeudaba.

Pero el alcance del Plan es mayor que el que a simple vista se aprecia. Supone, sin duda, un antes y un después en la gestión pública en España. No solo se han limpiado los cajones de facturas atrasadas, sino que se han exigido a las Administraciones planes de ajuste y viabilidad que suponen un hito en el cumplimiento de sus obligaciones, haciendo transparentes sus cuentas y poniendo de manifiesto su déficit oculto.

En Almería se acogieron al Plan 78 Ayuntamientos, de los que solo recibieron el visto bueno del Gobierno 55. Aún así, los 23 rechazados tendrán ahora la oportunidad de volver a acogerse al Plan en el nuevo plazo ya previsto, pero deberán pasar el filtro de transparencia y viabilidad en la gestión y en la devolución de sus deudas requerido.

La exigencia del Gobierno en la gestión de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas es, sin duda, garantía para todos, también para quienes la critican. Administraciones, proveedores y ciudadanos constituyen grupos de interés altamente implicados en la eficiencia en la gestión de lo público. La política y la gestión de lo público deben tomar un cariz más serio. Exigir transparencia y eficiencia es el mejor aval para generar confianza y credibilidad, y constituye garantía para una sociedad que persigue bienestar, progreso y porvenir para sus ciudadanos.