Lejano e imposible me parecía hace tiempo que pudiera presenciar en nuestro país aquello que contaban mis padres, las fatigas tan grandes que pasaban una gran mayoría de familias para que los chiquillos tuvieran qué echarse a la boca.

Hoy no hay más que dejar que nuestros ojos vean para apreciar que estamos en un momento de emergencia nacional. En España, una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza y, según UNICEF, de ellas, más de 2 millones son niños. ¿Qué país puede permitirse tener una renta per cápita de más de 20.000 euros con tanta gente que no tiene para comer?

Urge atender las necesidades básicas de miles de personas en nuestro país, y esto requiere de un compromiso inminente, respaldado por un fondo económico, entre Gobierno, ayuntamientos, comunidades autónomas, ONGs y Grupos parlamentarios.

Porque se puede actuar sin dejar a la gente en la cuneta, sin mirar para otro lado. Esta semana hemos evidenciado que hay otra forma de gobernar, ocupándose de los más débiles, desprendiendo a los poderosos y abusadores de privilegios, como en Andalucía, con la aprobación urgente del Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Esta medida fomenta el alquiler y la expropiación temporal de las viviendas a bancos e inmobiliarias para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social. Medidas como estas son más propias de una sociedad española harta de quedarse impasible mientras madres y padres de familia se quitan la vida porque son desahuciados; no podemos mirar para otro lado cuando las miradas inocentes de cientos de niños observan cómo, de manera fortuita, les echan de su casa por cláusulas abusivas e inmorales, a la vez que  sus padres no tienen ni un céntimo en el bolsillo para darles de comer.