Es difícil conseguir que los ciudadanos identifiquen que los representantes públicos estamos para procurar el interés general cuando, desgraciadamente, asistimos a escenas como la de la pasada semana durante un debate en la radio.

Los extremos se retroalimentan en un circo mediático. Unos dudan o no condenan la violencia cuando va dirigida al extremo opuesto; otros se ofenden por esa forma de actuar cuando son los mismos que jalean la violencia en las calles por un rapero condenado por delito, que insultan y persiguen a los demás en manifestaciones que quieren patrimonializar para una ideología, que agreden a los agentes de las FCS, o que no condenan la violencia criminal de ETA ni la que se ejerce sobre sus antagónicos ideológicos.

Una situación triste y decadente cuando viene de representantes públicos que han sido elegidos, afortunadamente, porque existe un sistema democrático, aunque algunos pretendan destrozarlo e implantar totalitarismos sectarios a base de enfrentamiento y guerracivilismo.

La violencia es violencia. Punto. Venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Es condenable sin titubeos y sin sectarismos. No vale cuando es contra mí, sí, pero si es contra ti, no. La política no puede ser una escalada de crispación para buscar un caladero de votos dejando como secundario lo realmente importante: los problemas reales de los ciudadanos y salvar vidas y empleos.

Junto a este escenario de política frentista, están también los que saltan de un barco a otro renegando de lo que un día fueron sus ideales. No digo que no sea legítimo cambiar de partido si has dejado de creer en un proyecto para confiar en otro. Lo que sí califico de indecencia moral es que un representante público, bajo el amparo de que las actas son personales, la siga manteniendo a pesar de abandonar un partido.

No tenemos, salvo en el Senado, un sistema electoral de listas abiertas y desbloqueadas, por lo que no podemos hacer trampas al solitario. Para el resto de comicios se vota con la papeleta de una candidatura y bajo unas siglas. Es por ello que si dejas de identificarte con esas siglas, las que te hicieron representante de los ciudadanos, no puedes traicionarles quedándote con el acta. Es un fraude a los votantes y una actitud aún más reprochable cuando se hace por réditos personales.

No soy devota de la partitocracia, pero sí de la coherencia, la integridad y la honestidad. Por ello, o modificamos la legislación electoral para hacer listas abiertas y desbloqueadas o no existe la certeza de que el acta sea tuya cuando te vas y sí de los votantes que han visto frustrada la representación que otorgaron en las urnas.

Otra cosa no es sino estafar a los electores y la expresión de su voluntad. Y eso no es política; es buscar el acomodo propio. Una realidad que aunque sea legal y lícita, no deja de ser ética, moral y políticamente reprochable. 

En el Parlamento hemos dado un paso más para adaptar el Reglamento de la Cámara e ir contra un fenómeno cada vez más frecuente como es el transfuguismo. Y lo hemos hecho adaptándolo al Pacto Antitransfugismo, que se ha vuelto a reunir tras muchos años a instancias de Ciudadanos en un ejemplo más de lucha por la regeneración. Porque es más necesario que nunca dejar atrás la política de trincheras y buscar una política de propuestas y soluciones.