Desde Larra, que afiló sus dardos contra un país de burócratas retardatarios, hasta hoy, que hablamos de adelgazar una administración demasiado copiosa, el problema está sobre la mesa. La crisis obliga al Gobierno a morder en las retribuciones y en las pagas extras de los funcionarios pero ese no es en verdad  el meollo del asunto. Se trata de algo más. Asi como la reforma agraria no fue posible durante el siglo XX por el egoísmo de una burguesía adinerada que se había hecho rica con la venta de los bienes de la desamortización, así también ha de ser arduo el prometido adelgazamiento de una administración cuajada de enchufados sin oposiciones y de gente impuesta por los partidos turnantes. Soy escéptico en este acercamiento del ciudadano a la cosa publica porque, antes con el caciquismo y ahora con el compadreo ideológico, el mal no termina de ser erradicado. Se habla mucho ahora de mandar a casa a parlamentarios, fundir municipios y alcaldías, abolir las duplicidades, suprimir las diputaciones así como  liberados y asesores de todas las calañas, pero temo que la misma falta de ética que impulsó a los partidos a abusar del dinero público para sus fines organizativos, hará que las reformas sean inútiles. ¿Dónde irá esa tropa de trabajadores públicos que,unos sin oposición y otros colocados a dedo, llenan los pasillos subrepticios de tantos edificios del Estado? Queda por ver qué harán los partidos con los suyos, toda vez  que ya se sienten de alguna manera con el puesto de trabajo en propiedad, aunque no hayan roto demasiados cuestionarios de oposiciones.