Comienzo esta Tribuna con un tema apasionante y yo diría que hasta de moda: la Justicia, porque mi “deformación” profesional y también mi cargo al frente de la Presidencia de la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, me llevan a poner siempre especial atención en este área. Y no solo porque el panorama nacional, autonómico y local nos hagan despertarnos cada día con un nuevo hecho susceptible de un ulterior proceso judicial, sino por la imperiosa necesidad de abordar la que por desgracia se trata como a “la hermana pobre” de las políticas de Estado, pues raramente está en la agenda de los gobiernos central y autonómico. 
Muchas cuestiones deberían ponerse en “tela de juicio”, y nunca mejor dicho. La primera y más clamorosa, desde aquel “Montesquieu ha muerto”, es la necesidad de separación de poderes, total y absoluta, que consagra nuestra España como un estado social y democrático de derecho. No es suficiente que se recoja en nuestra Carta Magna, sino que sea una realidad palpable, evidente, notoria, patente y concisa. Una realidad que sea percibida con claridad para que se vuelva a creer en las instituciones como garantes de los derechos de los ciudadanos, que es para lo que deben estar.
Hay otras cuestiones que tocan de lejos a los ciudadanos, como los aforamientos, que privilegian a la clase política entre la cual ahora me incluyo. Ese es un privilegio que no quiero tener. Ni ese, ni ninguno. No creo que se tengan que alterar las reglas de la competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas para ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales no ordinarios. También estoy convencida de que su supresión tampoco disuadiría de la comisión de un posible ilícito penal, a aquel que en su día se erigió en representante público y que subjetiva y moralmente deja de serlo cuando se ciernen sobre él la sombra de una investigación. Investigación que hoy está de moda, por desgracia para este país.
¿Por qué España tiene que ser distinta a nuestros compatriotas europeos? En Francia, el Presidente, Primer Ministro y sus Ministros; en Portugal e Italia solo el presidente de la República; en Alemania, EEUU y Reino Unido, ni un solo aforado. En España más de 2.000 políticos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un refugio para los que se acercan a la política buscando un cobijo para delinquir, es decir, cometer un delito. Yo no quiero ese privilegio para nadie, pero mucho menos lo quiero para mí.
Otra cuestión, la corrupción. Para mi hay dos clases de corruptelas políticas en este país. Por un lado, aquellos a los que le gusta apropiarse de lo ajeno y enriquecerse a costa de lo que no es suyo y que se sienten todopoderosos porque piensan que la justicia nunca les va a alcanzar; y aquellos otros que pueden que no engorden tanto los bolsillos propios, pero que hacen del poder una forma de vida perpetua, tejiendo las redes con favores, mercadeos y demás sostenes o subvenciones que torpedean, dinamitan y lacran la libertad de elección de la representación.
¿Y qué ocurre con unos casos y otros? Pues que cuando llega su hora y se enfrentan a su plenario, es cuando el ciudadano percibe las injerencias de unos poderes sobre otros y, en algunos casos, encima ven como gozan de ese amparo en forma de aforamiento que repito, yo no quiero.
Justicia y política, política y justicia, un binomio que debería de ser complementario, no superpuesto, ni menos aún impuesto. Caminar en paralelo, dotarla de medios y respetarla son las únicas intromisiones que debería tener la política en la justicia. Yo abogo por ello.