Más de cien interinos de Diputación se pondrán por fin el traje de funcionario

A más de un centenar de empleados interinos de la Diputación les tocó ayer una pequeña o gran lotería vía Decreto por el que, en los próximos meses, podrán optar a una plaza de funcionario en propiedad.

Los trabajadores llenaron por completo el Patio de Luces de la antigua casona de Juan Lirola para recibir las explicaciones del presidente de la Corporación Provincia, Javier  Aureliano García, sobre la nueva ventana que se les abre y que les puede cambiar la vida.

Todo arranca de la nueva Ley del Gobierno Central de 28 de diciembre de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ante la alarmante tasa que ha ido medrando en los últimos años, sobre todo con la suspensión de muchas ofertas anuales por la crisis económica.

La nueva normativa que  emana de la administración General del Estado nace también por el compromiso adquirido por el Gobierno de España para recibir los fondos europeos Next Generation, el mayor maná de dinero comunitario llegado nunca a la Península. Sin embargo, desde Bruselas se ha hecho la advertencia al ejecutivo de Pedro Sánchez de que esos fondos solo serán librados cuando se cumplan una serie de requisitos de modernización de las administraciones públicas y de reducción de la temporalidad en el empleo público.

Podrán optar a estas plazas con mayores garantías, por la puntuación acumulada por servicios prestados desde antes del 1 de enero de 2016, los trabajadores interinos de la Diputación Provincial que representan más del 25% del total, cuando el objetivo de esta normativa es que se sitúe por debajo del 8%.

Sin embargo, para poder iniciar el proceso de estabilización laboral, la corporación judicial ha debido suspender los concursos de plaza convocados antes de la aprobación de la Ley de 28 de diciembre para no perjudicar a esos interinos más antiguos. Para ello, ha explicado el presidente de la Diputación, ha sido preciso asegurarse de que se tienen todos los fundamentos jurídicos para hacerlo.

Por ello, el Decreto de la Corporación Provincial deja sin efecto las convocatorias de las ofertas de empleo público de 2017, 2018, 2019 y 2020, excluyendo de la tasa de reposición de efectivos, de la tasa adicional para la estabilización  de empleo temporal y de la tasa de consolidación, las plazas que cumplan los requisitos de la Ley de 28 de diciembre.

A partir de ahora, hasta el 1 de junio, se aprobará la Oferta Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal, previa negociación con los sindicatos, que  se distribuirá entre plazas por concurso-oposición, con una valoración del 40% de la fase de concurso para tener en cuenta mayoritariamente la experiencia acumulada en el puesto como interino. Antes del 31 de diciembre tendrán que estar aprobadas y publicadas las convocatorias.

El espíritu de este proceso es el de mejorar la gestión del empleo público con dotación de efectivos de carácter permanente. Sin embargo, en los últimos años ha habido limitaciones presupuestarias que han impuesto criterios restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingresos, aunque las necesidades han ido en disonancia con la capacidad de financiación, sobre todo en educación, sanidad o servicios sociales.

El Decreto se fundamenta también en que si bien una tasa de temporalidad es necesaria en la Administración, no lo es cuando se convierte en estructural.

La falta de convocatoria regular provoca también que los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollen con la agilidad necesarias para permitir la dotación de personal en tiempo razonable. 

Un decreto que puede cambiar muchas vidas

Hay cosas que pueden ser legales, pero laboralmente reprochables. Uno de los ejemplos palmarios de la dilatación de interinidad en Navarro Rodrigo es el de una arquitecta que lleva en esa situación de contrato temporal desde 2001, cuando aún mandaba Luis Rogelio. La temporalidad no respeta sectores en Diputación y afecta a aparejadores, abogados, enfermeros, redactores de radio, técnicos, psicólogos, educadores o trabajadores sociales.