La Policía Judicial ve “ilegalidades” en todo el proceso del Mesón Gitano

Como un procedimiento “plagado de ilegalidades” definía el jefe de sección del equipo de Policía Judicial encargado de investigar la denuncia presentada en su día por el Colegio de Arquitectos ante la Fiscalía por la adjudicación del Mesón Gitano a la mercantil Facto.

Así lo explicaba el responsable de la investigación policial durante su declaración en calidad de testigo y perito en la segunda jornada del juicio oral que se está desarrollando en el Juzgado Penal 5 contra tres técnicos municipales y dos miembros de la empresa Facto por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

Una declaración en la que explicaba que estas irregularidades comenzaban con “la participación en el procedimiento de técnicos que tenían familiares trabajando en la empresa”, seguían con la presencia dentro del órgano de administración de la adjudicataria de “Mirlo SL, que era una empresa pantalla que no tiene trabajadores, no tiene actividad, y cuya titular es la mujer de J.M.S (funcionario municipal acusado en la causa)”. 

Otro de los técnicos, J.M.M. también acusado en la causa, es uno de los encargados de informar sobre las ofertas cuando su pareja es una trabajadora de Facto. En la misma también trabajaba el hermano del entonces concejal de Cultura y por último, el hermano de uno de los miembros de la mesa de contratación, D.L.A. (funcionario acusado en el proceso)había trabajado en la empresa Facto hasta febrero de 2013 y que tras resolverse el proceso en abril, “al mes siguiente es contratado por la empresa Jairán” que según la investigación policial está participada por un entonces apoderado de la empresa Salcoa.

Y es que para el encargado del equipo que realizó la investigación policial, las relaciones de Salcoa y de Facto iban más allá de que en el proceso ambas hubieran presentado “dos proyectos calcados y unas ofertas con un millón de euros de diferencia”, algo que consideró que “no tiene sentido”, sino que, se demostró una vinculación “en la explotación de aparcamientos” como el de Avenida de Vilches y Plaza Marín “a través de Algea Tris”.

Relaciones

Pero en su declaración el Policía Judicial fue más allá y habló de las relaciones existentes con otras empresas del sector con las que gestionan otro tipos de negocios que no son obras.

En cuanto a las irregularidades añadió el cambio de la fórmula matemática para la valoración económica, cabe recordar que es la que supone la adjudicación a Facto al romper el empate con Salcoa, y que a pesar de que durante todo el proceso se ha dicho que se trató de una obligación dictada por el auditor de los Fondos Feder, el policía aseguró que “no hay ningún documento en el expediente que explique el motivo por el que se cambia”.

Sobre las conversaciones telefónicas, destacó que estas mostraron “un enfado muy grande” de J.M.S. porque no consigue vender las acciones de Mirlo en las que dice que “esto va a reventar, que está dispuesto a tirar de la manta” y que es a partir de ahí cuando “recurre a David Lozano como mediador”.

Unas conversaciones en las que también aparece una llamada entre representantes de Salcoa y de Facto ante una reunión con un abogado en Madrid para buscar una estrategia común ante la Agencia Andaluza de la Competencia tras presentar el mismo proyecto técnico ambas mercantiles y de que se elevara a este órgano por parte de ‘Almería Urban’. 

Una reunión que reconoció el propio J.TG., presidente de Facto, durante su declaración en el día de ayer. Un encuentro que asegura que se realizó para que ese abogado viera “qué defensa había” ante el tribunal de la competencia asegurando que no se pusieron de acuerdo para ello.

Con respecto a la presentación del mismo proyecto aseguró que se trata de “una práctica habitual”  que se utiliza “para reducir costes” porque “los proyectos son caros y las consultoras se lo venden a varias empresas y ya ellas hacen su oferta económica”.

Preguntado sobre su relación con Salcoa más allá de este procedimiento, explicó que en su momento realizaron los aparcamientos de Vilches y Marín pero que lo explotaron “muy poco tiempo”  y reconoció que habían concurrido en UTE a muchos procedimientos porque “casi nunca tienes la clasificación que se exige, y entonces echas mano de otra que sí cumpla para ir juntos”.

Cuestionado por el fiscal sobre si no pensaba que tener contratados en su empresa a familiares de funcionarios municipales era una forma de condicionarles, J.G.T. lo negó y afirmó: “lo mismo ni son ellos los técnicos que tienen que informar”.

Una explicación que apoyó  el consejero delegado de Facto, A.A.O., remitiéndose a que “los pliegos no impiden que nos presentemos” y que “el texto refundido de la ley de contratos no impide que concursemos, no hay incompatibilidad”.

Insistió el representante de Facto en que precisamente en el caso del Mesón Gitano “cuando la empresa presenta su oferta no se sabe qué técnicos van a informar” así remite al propio sumario argumentando que “los técnicos informantes (en los que se encuentran tanto J.M.S como J.M.M., acusados en el proceso) se deciden el 25 de enero de 2013 mientras que la ofertas se presentan hasta el 18 de diciembre” y añade que los únicos nombres que se conocen son los técnicos de la mesa contratación.

Acciones

Ante la pregunta del fiscal a J.G.T sobre su relación con Mirlo, aseguró que era “ninguna”. Con respecto a la empresa Cauce explicó que es una mercantil creada por “los mismos socios de Facto, salvo un 10% que tiene mi yerno” y que tiene como finalidad “solo y exclusivamente llevar las máquinas y camiones de Facto”.

Sobre si tenía otros negocios con J.M.S., el presidente de Facto lo negó, si bien, al ser repreguntado por el fiscal reconoció que a través de la empresa Cañada de los Frailes SL compartía la propiedad de una finca en Enix, en suelo de secano, tanto con el funcionario acusado como con otros seis propietarios.

Por último, en la declaración de A.A.O. sobre su participación en la posible venta de las acciones de Mirlo a Facto, explicó que “en todo momento se realizaron con el abogado que les representaba en el consejo de administración”, que no se produjo porque “el banco no dio el dinero al final” y que en ningún caso D.L.A., funcionario también acusado, había ejercido como mediador.