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La Audiencia Provincial ratifica la condena de cárcel para Francisco Rivas, expresidente de Vicasol y de Coexphal

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A finales de 2006 el campo almeriense se enfrentó a una alerta sanitaria en Alemania, causada por partidas de pimiento que contenían isofenfos metil, un compuesto prohibido y cuyo uso puso contra las cuerdas a todo el sector hortofrutícola provincial. Almería superó la crisis gracias a la consolidación del control biológico, como método de lucha contra plagas y enfermedades.



Francisco Rivas Martín, presidente entonces de Vicasol y de la organización empresarial Coexphal, abandonó sus cargos acusado de ofertar en las asambleas de la cooperativa vicaria sustancias prohibidas, que según recoge la sentencia judicial, él denominaba “productillos biológicos”.



Ahora, la Audiencia Provincial de Almería ha ratificado hace unas pocas semanas la sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Almería que condenaba, a principios del pasado año, a Francisco Rivas Martín, como autor de un delito ya definido contra la salud pública, a un año y 6 meses de prisión y ocho meses de multa a razón de cinco euros diarios. Sin embargo, el expresidente de Vicasol no tendrá que pasar por prisión, ya que carece de antecedentes penales y la condena es inferior a dos años.



Añade la sentencia judicial ahora refrendada por la Audiencia que “no consta que en esta distribución (refiriéndose a la venta del insecticida prohibido) participase José Carlos Roldán de Llanos, perito de la cooperativa, que era conocedor de que estos productos eran utilizados en la finca de Miguel Rivas”, que es un agricultor perjudicado, denunciante de los hechos.



Agricultores denunciantes



Tanto Miguel Rivas, como José Fernández, Victoriano López y José Pérez, fueron los agricultores, que según recoge la resolución judicial, facilitaron a la Guardia Civil “las bolsitas” adquiridas en el despacho del expresidente de Vicasol. La acusación particular del agricultor Miguel Rivas y de otros cuatro agricultores afectados recurrieron la sentencia del juzgado de lo penal pidiendo que la condena subiese de un año y 6 meses a tres años de prisión; mientras que la defensa también recurrió pidiendo la libre absolución. La Audiencia ahora mantiene la sentencia.

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