El Partido Popular se ha comprometido, en el caso de llegar al Gobierno tras las próximas elecciones generales, a elaborar un “calendario preciso” para llevar a cabo la “incorporación inmediata” de todos los opositores de Justicia que han logrado plaza en los últimos procesos selectivos de los cuerpos generales y aún no tienen destino, a pesar de que algunos llevan más de dos años esperando desde el examen.

El miembro de la Diputación Permanente del Congreso y diputado por Almería por el PP en esta última Legislatura Rafael Hernando Fraile ha manifestado a La Voz que su partido es plenamente consciente de la “incomprensible” situación en la que se encuentran más de 3.300 personas de toda España, entre ellas casi 400 andaluces y decenas de almerienses. “Es una pérdida absoluta de talento y de tiempo”, se lamenta Hernando, quien asegura que “poner solución a este problema será sin duda una de las primeras tareas del futuro ministro de Justicia”, siempre que su partido consiga una mayoría suficiente de gobierno.

Entre quienes se encuentran aún sin tomar posesión de su plaza tras aprobar las oposiciones hay más de mil personas de la Oferta de Empleo Público de 2023, que se examinaron a finales de septiembre de 2024 y que a día de hoy siguen esperando destino. Después de 25 meses de espera, estos opositores acaban de recibir la noticia, por parte de organizaciones sindicales que han atribuido la información al Ministerio, de que estaría previsto que el próximo 17 de noviembre se publique la oferta de destinos para los tres cuerpos generales: Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal.

Si se confirma este calendario, se publicarían finalmente las plazas disponibles en cada ámbito territorial, se resolvería la adjudicación y se abriría el plazo de toma de posesión, que podría tener lugar el próximo diciembre o en enero de 2027. En este último caso habrían transcurrido más de dos años y tres meses desde el examen. La incertidumbre y el sentimiento de indefensión e injusticia que denuncian haber sufrido estos opositores les ha llevado a agruparse para interponer, en su caso, una demanda contencioso-administrativa en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios causados.

Y ahora, otros 2.300 opositores a la espera

Una vez resuelto este proceso selectivo del 23, será el turno del siguiente, el de la OEP 2024, por el que también aguardan su plaza más de 2.300 opositores, de ellos casi 300 de Andalucía y al menos una decena de Almería. Su examen fue el 27 de septiembre de 2025 y muchos de ellos ya se han unido también para estudiar acciones informativas, reivindicativas y judiciales, para defender sus intereses y evitar que se repitan los retrasos sufridos por sus compañeros de convocatorias anteriores. Por ello, han iniciado una campaña para poner en conocimiento de su situación a medios de medios de comunicación, sindicatos e instituciones, y reclamar a su vez que se adopten soluciones urgentes. Entre los afectados hay personas sin ingresos y con cargas familiares que, pese a haber aprobado, continúan a la espera de incorporarse.

“Es todo un descontrol”, reconoce Rafael Hernando, quien asegura que el “caos” en el Ministerio de Justicia “también se reproduce en otros ámbitos del Gobierno, como el de las infraestructuras, después de no haber aprobado unos presupuestos en los últimos cuatro años”. “Este es el país en el que nos han metido, y también en Justicia intentaremos resolverlo todo inmediatamente”, asegura.

Preguntas al Congreso

El diputado popular recuerda que el Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado febrero una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno para que explicara los retrasos acumulados en los procesos selectivos de la Administración de Justicia.

Los diputados denunciaban entonces, como ya publicó este periódico, que hasta 15 procesos selectivos convocados desde 2022 seguían sin resolverse, lo que mantenía en una situación de incertidumbre a unas 12.000 personas en toda España, entre opositores e interinos.

Por aquel tiempo ya señalaban que algunos aspirantes llevaban hasta dos años esperando tomar posesión de plazas que ya les corresponderían tras haber superado los procesos correspondientes.

Según sostenían, estos retrasos son especialmente graves porque coinciden con la implantación de la nueva estructura judicial y de los nuevos tribunales de instancia, "que necesitan incorporar personal cuanto antes para funcionar correctamente".

Por ello, el PP preguntó al Gobierno por las causas de esta prolongada paralización, las medidas adoptadas por el Ministerio para agilizar los procedimientos y por el calendario que manejaba para resolver cada uno de los procesos, algunos ya resueltos, aunque aún quedan pendientes los antes señalados.