Los veraneantes que elijan Almería para disfrutar de unos días de descanso van a tener, a partir de ahora, una mayor oferta reglada de viviendas vacacionales.

Un total de 800 propietarios de casas para explotación turística han presentado ya en la provincia  su declaración responsable para el inicio de la actividad y su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según informe de la Consejería de Turismo y Deporte. Eso supone incrementar la oferta reglada en 4.071 plazas de alojamiento.

La mayoría de estas viviendas  vacacionales están situadas en el Levante almeriense (Vera, Mojácar, Níjar, Pulpí y Garrucha), junto a las de la capital y Roquetas. Se trata, en su mayoría, de viviendas que operaban en este mercado de forma no reglada y que, ante la entrada en vigor del nuevo decreto de regulación, han aflorado para competir en igualdad de condiciones con los apartamentos y plazas hoteleras sometidas a inspección. La apertura de este Registro era una demanda histórica del sector de alojamientos turísticos y de la hostelería que se quejaban de competencia desleal de las viviendas no regladas.

Sin embargo, a tenor de la estimación de la propia Delegación provincial de Almería, las 800 casas inscritas son solo la punta del iceberg de las 5.000 viviendas que aproximadamente operan en este segmento de negocio turístico en la provincia, en base a las ofertas de portales e inmobiliarias.

La norma ha creado una nueva categoría de vivienda con fines turísticos y ha establecido la inscripción gratuita en el registro para poder operar. A partir de la presentación de la declaración responsable por parte del propietario, la Consejería realiza de oficio este trámite y asigna el número que se debe usar en toda publicidad.

Durante el último año, la Consejería ha realizado 129 inspecciones en la provincia con peticiones de documentación, labores de comprobación y visitas a viviendas para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

De ellas, veinte han derivado en apertura de procedimiento sancionador en la Comunidad que pueden llegar hasta  los 18.000 euros. La legislación considera viviendas con finalidad turísticas todas aquellas ubicadas en suelo de uso residencial donde se ofrece, mediante un precio, el servicio de alojamiento de forma habitual, es decir, con comercialización y promoción a través de los canales de oferta propios de este ámbito (agencias de viaje, empresas mediadoras u organizadoras y otras plataformas que incluyen la posibilidad de reserva).

Calidad y confort
La nueva normativa diferencia entre casas completas, que se ceden a los clientes en su totalidad y limita la capacidad máxima a 15 plazas, y las viviendas por habitaciones en las que reside el propietario y el aforo se limita a seis personas.

Los requisitos para poder ser inscritas parten de unas condiciones de calidad y confort equiparables a las del resto de alojamientos hoteleros, con el fin de preservar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude.