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Sucesos

La madre de Lucca tendrá que volver a Almería: la jueza rechaza que sea examinada por videoconferencia

Los fallos en las conexiones obligan a la investigada a acudir en persona, mientras la juez rastrea nuevas comunicaciones telefónicas de la jornada en la que murió el menor

Bárbara y su pareja sentimental, Juan David, junto al pequeño Luca.

Bárbara y su pareja sentimental, Juan David, junto al pequeño Luca.La Voz

Víctor Navarro
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La investigación judicial por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años cuyo cadáver fue localizado en un búnker de Garrucha en diciembre de 2025, sigue avanzando con nuevas diligencias acordadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera. La última resolución afecta directamente a la madre del menor, Bárbara Ysmar B. O., a quien la instructora ha citado para someterse a una valoración médico forense en la provincia de Almería.

La comparecencia había sido planteada para realizarse por medios telemáticos, pero la jueza ha descartado esa opción y ha ordenado que el reconocimiento se practique de manera presencial en la sede del Instituto de Medicina Legal de Huércal-Overa.

En una providencia consultada por LA VOZ, la jueza explica que las incidencias registradas en las comunicaciones por videoconferencia, especialmente en las conexiones con el Instituto de Medicina Legal, impiden garantizar el desarrollo adecuado de la diligencia, dadas las "deficiencias/problemas que se vienen presentando en las sesiones de videoconferencias". Por este motivo, acuerda que la investigada acuda personalmente el próximo 11 de septiembre.

La resolución llega varios meses después de que la mujer abandonara la prisión provisional por decisión judicial tras el nacimiento de su bebé. Desde entonces, permanece sometida a las medidas cautelares acordadas por el juzgado mientras continúa la instrucción de la causa.

Llamadas el día de los hehcos

La providencia no se limita a fijar la fecha del reconocimiento forense. El juzgado también ha impulsado nuevas gestiones para aclarar una serie de comunicaciones producidas el día en que se desencadenaron los hechos.

Según recoge el documento, Correos ha comunicado al tribunal que no pudo entregar un oficio remitido a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Ante esta circunstancia, la instructora ha decidido dirigirse ahora a los Servicios Sociales Comunitarios Levante Sur.

El objetivo es comprobar si un determinado número de teléfono pertenece a ese organismo, obtener copia de las comunicaciones mantenidas el 3 de diciembre de 2025 con varios terminales e identificar a las personas que intervinieron en ellas. Se trata de una línea de investigación que busca reconstruir con mayor precisión las gestiones y contactos realizados durante aquella jornada, una fecha clave dentro de un procedimiento judicial que continúa bajo s

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