Un martes cualquiera, playa de Aguamarga, Almería. Sol, turistas, niños jugando en la orilla… y de repente, cinco lanchas 'go fast' irrumpen como si fuera una escena de 'Fast & Furious: Narcos Edition'. Rodean a una patrullera de la Guardia Civil y la dejan atrás sin esfuerzo. Las imágenes, grabadas por bañistas el pasado 9 de septiembre corrieron por las redes sociales: se ve a las planeadoras pasando a toda velocidad y se oye a un testigo decir resignado: "Se van a reír de ellos".

No es que el Instituto Armado no quisiera interceptarlas; es que no podía. Cuatro motores de 300 caballos contra una patrullera lenta y sin potencia suficiente es un combate perdido desde el minuto uno. La persecución duró segundos. Al final, gracias al sistema SIVE y a un despliegue que incluyó patrullas terrestres, un helicóptero de la Unidad Aérea de Granada y hasta una patrullera de Frontex, consiguieron detener a dos tripulantes.

La escena fue un espejo perfecto de lo que las asociaciones profesional de guardias civiles y sindicatos de policías nacionales llevan tiempo denunciando: "los agentes en Almería trabajan en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales que juegan con ventaja" son el núcleo de sus demandas.

Doble amenaza

Por eso, la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, para trasladarle "la grave situación de inseguridad y precariedad laboral que viven los agentes en la provincia", explican desde IGC.

En una carta registrada el 11 de septiembre, y que aún espera respuesta, IGC describe un escenario de doble amenaza: por un lado, “la creciente presión de la narcoindustria y de las mafias vinculadas a la inmigración irregular”; por otro, “la falta de medios y de protocolos de prevención adecuados que comprometen su seguridad personal y la eficacia del servicio público que prestan”, señala el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández.

“Nuestros compañeros trabajan cada día en esa provincia en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales poderosas, con embarcaciones y recursos que superan con creces a los nuestros. A ello se suma que más de 200 puestos de trabajo en la provincia siguen sin evaluación de riesgos, lo que supone un grave incumplimiento en materia de prevención laboral.”

Fernández subraya que no se trata únicamente de reclamar mejores condiciones laborales para los guardias civiles, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Almería. Advirtió que, sin medios suficientes, sin patrulleras operativas y sin protocolos claros, los agentes quedan expuestos y la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y la inmigración irregular se ve seriamente limitada.

Solución sin parches

No es la primera vez que lo dicen. IGC ya ha advertido otras veces de “la desproporción operativa en Almería frente a la narcoindustria, del riesgo en el transporte de combustible incautado sin medidas de seguridad adecuadas, y de la inseguridad creciente en zonas como el Poniente almeriense, donde los tiroteos y enfrentamientos entre clanes han generado alarma social.”

También han denunciado “la opacidad y retraso en la evaluación de riesgos laborales, un problema que afecta de lleno a la salud física y psíquica de los guardias civiles destinados en la provincia.”

Por ello, la asociación reclama soluciones de fondo y no simples medidas provisionales. Fernández fue tajante al señalar que la situación “no se resuelve con parches” y reclamó “un plan de choque en Almería que contemple más efectivos, medios adecuados y protocolos reales de seguridad y prevención”. El portavoz confía en que el subdelegado del Gobierno atienda estas demandas y active mecanismos eficaces “para proteger a los agentes y a la sociedad almeriense”.