Mientras la Policía Nacional detenía en la ciudad de Almería a un hombre que transportaba 200 garrafas de combustible, presuntamente para abastecer a una embarcación que fondeaba en la costa y se dio a la fuga, en el Senado, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el senador del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, ha disutido sobre la propuesta de reforma del Código Penal que busca convertir el conocido como “petaqueo” en delito y no en una mera sanción administrativa.

El trasiego de ‘narcolanchas’ en la costa andaluza no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema creciente que está convirtiendo a Almería en un punto clave en la logística del narcotráfico. Matarí, señaló que cada vez son más frecuentes las imágenes de calas llenas de narcolanchas abandonadas, convirtiendo la belleza de los parajes naturales del Cabo de Gata-Níjar en un cementerio de embarcaciones y un vertedero de petacas de combustible.

En el debate en la Cámara Alta, Matarí, hizo responsable al ministro del Interior de “la falta de medios” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para combatir el narcotráfico, así como su infraestructura logística.

En su argumentario, el senador popular puso a Almería como ejemplo, recordando que, de los 1.896 guardias civiles asignados a la provincia, solo 1.124 están operativos y que apenas cuatro patrulleras —no siempre en servicio— vigilan los más de 200 kilómetros de costa entre Adra y Pulpí. A juicio de Matarí, en las costas almerienses “se está librando una batalla desigual por la falta de medios y de respaldo legal”, e instó al Marlaska a que el Congreso de los Diputados apruebe la reforma del Código Penal.

Pasa por el Congreso

Grande-Marlaska, por su parte, defendió la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, subrayando el incremento del 12% en los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía y los más de 200 millones de euros invertidos en los planes especiales de seguridad en el Campo de Gibraltar. Además, lanzó una pulla al Partido Popular: “Ustedes solo hacen propuestas cuando están en la oposición. Cuando gobiernan, se olvidan de la Policía y la Guardia Civil”. El ministro también cuestionó la solidez jurídica de la propuesta de reforma: “No parece estar redactada por alguien especialista en derecho penal”, afirmó.

El ministro recordó que actualmente se encuentra en marcha el cuarto Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, que ya se ha extendido a seis provincias de la comunidad autónoma, reflejando –según él– un compromiso sólido con el refuerzo de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, en lo que respecta a la reforma del Código Penal impulsada por el PP en el Senado, Marlaska dejó claro que dicha iniciativa debe ser definida por el Congreso de los Diputados, insistiendo en que “el respeto absoluto a la separación de poderes” es una cuestión fundamental en un Estado de derecho.

El ministro acusó al Partido Popular de generar confusión sobre las competencias de las Cámaras, señalando que el Senado no puede suplantar el papel legislativo del Congreso. “Cada Cámara tiene su función y no se pueden confundir", reprochó Marlaska.

En este sentido, recordó que el Tribunal Constitucional ya tuvo que corregir al PP cuando intentaron modificar el reglamento para obstaculizar la tramitación de la Ley de Amnistía. “El Senado tiene su papel como Cámara territorial, pero la competencia legislativa principal recae sobre el Congreso”, enfatizó. Con este argumento, Marlaska reforzó su posición de que la proposición de ley del PP, lejos de ser una solución inmediata, es un intento de sortear los procedimientos legislativos establecidos.