El culebrón de los costes del tratamiento de la lucha contra los mosquitos en las zonas protegidas de Roquetas de Mar ha vivido estos días un nuevo episodio con la respuesta recibida por el Ayuntamiento a su reclamación de los gastos realizada a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino. En concreto, el Gobierno ha respondido al Consistorio roquetero que el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Junta de Andalucía “la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio publico”. Por tanto, “el Ayuntamiento de Roquetas de Mar debería dirigirse a la Junta de Andalucía para la adopción, en su caso, de las medidas necesarias para preservar, promover y proteger la salud publica en los términos fijados en el citado precepto”. La polémica viene motivada por el tratamiento de lucha contra los mosquitos en la zona de Punta Entinas y en la parte de Las Salinas conocida como ‘El Bosque’, en ambos casos se trata de espacios que en su día Costas incluyó en las zonas de dominio público cuando tramitó los correspondientes expedientes de deslinde del litoral, motivo por el que el Ayuntamiento considera a este organismo estatal el propietario de esos terrenos y por tanto, el responsable último de los mismos. Ahora, Costas asegura que dado que las competencias de ordenación del litoral corresponden a la Junta de Andalucía, debe ser la Consejería de Medio Ambiente la que estudie la demanda de Roquetas, que viene reclamando casi 12.000 euros de costes del tratamiento de la lucha contra los mosquitos correspondientes al año pasado, a los que se sumará pronto una cantidad similar correspondiente a este año. Como se recordará, la polémica por estos tratamientos se viene produciendo desde que los técnicos de la Diputación de Huelva, expertos en la materia, elaboraron un informe a instancias de la Consejería de Medio Ambiente para proponer las mejores técnicas de control de las poblaciones de mosquitos para evitar molestias en zonas pobladas cercanas a Punta Entinas, como es el caso de Playa Serena en Roquetas y Almerimar en El Ejido. Los ayuntamientos de ambas localidades consideraron en su día que debía ser la Consejería de Medio Ambiente la que se hiciera cargo de los costes, al tratarse de espacios protegidos de su responsabilidad o, en última instancia, de Costas como propietario de los mismos. La respuesta de Medio Ambiente hasta el momento es que este tipo de actuaciones corresponden a los municipios, que son los que tienen que velar por la salubridad de sus términos municipales, por lo que hasta el momento tampoco ha aceptado correr con los gastos. Desde el Ayuntamiento de Roquetas se ha asegurado en varias ocasiones que el municipio sí se está haciendo cargo de los costes del tratamiento en el resto del término municipal, incluyendo las playas, pero las zonas protegidas se entiende que son responsabilidad de la administración de las que dependen. Sin acuerdo, todo parece indicar que el asunto acabará en los tribunales.