No existe una cifra precisa sobre el número de inmigrantes que malviven en asentamientos en la provincia de Almería. Todo lo que hay son datos estimativos porque, aunque la Subdelegación de Gobierno sí realizó el año pasado un censo sobre las chabolas que hay diseminadas en las zonas agrícolas y las personas que las habitan –contabilizó 232 construcciones y cifró en 769 los inmigrantes que viven en ellas-, desde la propia Administración se reconoce que “puede haber muchas más”. Según los informes realizados por las ongs que trabajan sobre el terreno, como Almería Acoge o Médicos del Mundo, y que el resto de partes implicadas dan por buenos, hay casi un centenar de asentamientos con una población que oscila entre las 3.000 y las 4.000 personas, inmigrantes de origen magrebí y subsahariano en una inmensa mayoría.

Uno de ellos es Joseph, un ghanés de 36 años que llegó a España hace quince. Ha trabajado como temporero allí donde ha hecho falta, en Lérida recogiendo fruta o en la campaña de la fresa en Huelva. Ahora es peón agrícola en una explotación en San Isidro. Junto a una veintena de compatriotas, todos de la misma nacionalidad, vive en condiciones de miseria extrema en el asentamiento de Don Domingo. Mientras Joseph charla con Alexis Pineda, concejal del Ayuntamiento de Níjar que hoy está recorriendo algunos de los poblados chabolistas que hay diseminados por la zona, dos chicos muy jóvenes, también ghaneses, observan la escena. No quieren decir sus nombres ni que se les hagan fotografías. Joseph cuenta que llegaron el pasado mes de diciembre en patera y que no tienen ni papeles ni pasaporte: “Lo único que poseen es la ropa que llevan puesta”, dice.

En Don Domingo, una cortijada abandonada repleta de chabolas, viven en la actualidad cerca de 200 personas, según estima la Fundación Cepaim-Almería Acoge. En este lugar, cualquier elemento es útil: los plásticos desechados de los invernaderos sirven para cubrir techos y paredes, los somieres se hacen con palets de madera y hasta las ramas de las pitas se aprovechan para crear la estructura de una futura chabola. Lo que aquí se ve se repite, de manera idéntica, en otros asentamientos: Los Nietos, La Paula, Los Tangos, Los Grillos, Cortijo El Panadero, Cortijo Los Cazadores, Balsa Seca o Cortijo Bermejo, todos ellos en la zona de Níjar-Campohermoso, o en los de Tierras de Almería, La Lomilla, El Congo, Carril de Baena o Las Machorras, en la comarca del Poniente. En todos ellos, la pobreza más absoluta convive con la dignidad que le intentan dar sus moradores que, en muchos casos, mantienen adecentado como pueden un entorno lleno de carencias.

Expectativas incumplidas  
“Tenemos contabilizados 63 asentamientos en el término municipal de Níjar, pero solo tenemos capacidad para atender a doce o catorce. En total, nos estamos ocupando de unos 400 ó 500 inmigrantes”, señala Wladimir Morante, coordinador provincial de Médicos del Mundo. La ong hace una labor de mediación entre el Servicio Andaluz de Salud y estas personas porque, como cuenta Morante, hay muchos indocumentados enfermos que no van al médico por el temor a ser detenidos. “A diario vemos muchas situaciones complicadas y dramáticas, pero lo peor es el desamparo absoluto en el que se encuentran. Muchos no superan nunca el sufrimiento del proceso migratorio. Cuando llegan, después de haber dejado su vida atrás, su familia, ven que no avanzan, que las expectativas que traían no se cumplen. Por eso, el proceso de duelo no termina nunca”, indica.

Asentamientos
A pesar de que desde el Ayuntamiento de Níjar se rebaja la cifra de asentamientos hasta quince o dieciséis -con una población flotante de entre 600 y 700 inmigrantes-, surge la pregunta de por qué aquí la presión migratoria es mayor que en otros municipios de Almería. La explicación estaría en la rigidez con la que, a partir de 2013, empezaron a actuar los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar, circunstancia que desplazó el problema desde estas localidades a otras zonas, pero que, evidentemente, no lo resolvió. Uno de los casos más sonados fue el desalojo, hace ahora un año, de Tierras de Almería, en el municipio de El Ejido: las máquinas destruyeron una treintena de chabolas y dejaron sin casa a 60 personas, a las que tampoco se ofreció una solución de habitabilidad.

“Los primeros damnificados son los inmigrantes que viven en condiciones de miseria y después los agricultores, que siempre salen perjudicados injustamente cuando se habla de este tema. Los ayuntamientos también salimos perdiendo. Entre todos, debemos abordar el problema y afrontarlo de una vez, porque en los últimos 15 ó 20 años se ha mantenido un velo que ha sido lo que nos ha traído hasta aquí”, explica Alexis Pineda, concejal del Ayuntamiento de Níjar, consciente también de que erradicar “al cien por cien” los asentamientos en una zona de paso de inmigración es una tarea harto compleja.

Soluciones a largo plazo 
Las distintas administraciones, las ongs y las organizaciones agrarias están de acuerdo en un par de cosas: la primera, que se requieren soluciones a largo plazo, de nada sirven las visiones cortoplacistas. “Se necesita un esfuerzo conjunto, continuado y permanente”, apunta Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno en Almería. La segunda, que es un error vincular asentamientos y agricultura. “Es una equivocación que lleva repitiéndose demasiados años”, señala Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. “Calificarles como trabajadores es el primer fallo porque la mayor parte de los inmigrantes que viven en estos poblados chabolistas no pueden trabajar porque están en situación irregular”, afirma.

Góngora asegura que, hoy por hoy, con unas inspecciones de trabajo cada vez más rigurosas, ningún agricultor se la juega contratando a ‘sin papeles’. “Directamente, la sanción es tan grande que se puede llevar por delante el invernadero”, explica. Por un trabajador en situación ilegal la multa llega a los 60.000 euros. A partir de tres, se considera delito penal. El responsable de la organización agraria COAG tiene claro de quién deriva la principal responsabilidad en este problema: “Sinceramente, creo que el principal error ha sido la negligencia de las distintas Administraciones, que llevan años mirando para otro lado. Si hay que hacer albergues, que se hagan, porque no hay ni uno”.

El problema de vivienda es, sin duda, el más acuciante y también el más complicado de resolver. A nivel sanitario y educativo, la atención a los inmigrantes está garantizada por parte de la Junta de Andalucía, pero tanto desde el Gobierno central como desde el Ejecutivo regional –que tiene las competencias en materia de vivienda-, se reconoce la ausencia de espacios habitacionales para que estas personas tengan unas condiciones de vida dignas.

Mucho por hacer
La delegada del Gobierno en Almería, Gracia Fernández, admite que “queda mucho por hacer” y reclama un mayor compromiso comunitario -“la UE que no está respondiendo en materia inmigratoria”- y más dinero al Gobierno central. “Tienen que ser conscientes de que las comunidades autónomas necesitamos recursos para abordar estas situaciones. Solos no podemos hacerlo”, advierte. La perspectiva cambia, sin embargo, cuando se cuestiona sobre el asunto al representante del Gobierno central en Almería, Andrés García Lorca: “En Andalucía viven 676.000 inmigrantes, pero para equipamiento, vivienda y alojamiento, la Junta solo destinará este año 500.000 euros, menos de 1 euro por persona. Con ese dinero no se puede resolver el problema de la vivienda ni siquiera en un municipio”.