El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de una casa en el madrileño barrio del Retiro ha situado de nuevo el problema de la vivienda en el primer plano de la actualidad y ha reactivado el duro análisis de los datos de estos procesos judiciales.

Por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o por no hacer frente al pago de la hipoteca a la entidad bancaria, se cuentan por miles los desahucios que se llevan a cabo cada mes en toda España.

En el caso de Almería, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos practicados por órganos judiciales han experimentado un brusco descenso en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, pero ello no oculta la estadística media y que revela que hay una media de dos desahucios en la provincia cada tres días.

Los registros del CGPJ referidos a los juzgados almerienses entre enero y marzo de este año elevan a 54 los lanzamientos practicados, de los que 13 son por ejecuciones hipotecarias, 33 por impago de alquileres y el resto por otros procedimientos. La cifra contrasta con los 153 lanzamientos del primer trimestre de 2025. Es decir, ha habido prácticamente una reducción de un centenar menos de desahucios y en términos porcentuales ha sido de un 65 por ciento.

El descenso de lanzamientos en la provincia ha sido incluso mayor que la media en la comunidad autónoma. Los órganos judiciales andaluces practicaron 616 lanzamientos en el citado periodo, un 45,2 por ciento menos que el año pasado.

Si bien la evolución de estos procesos judiciales tiende a descender, la realidad es que en Almería el año pasado se practicaron 511 desahucios (292 por causas similares a la de Maricarmen Abascal), lo que significa que cada mes unas 42 familias tienen que abandonar su vivienda y cada semana ese drama llega a unas 10 familias almerienses.

Según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2025 se ha producido la cifra más baja de desahucios en Almería desde el año 2013. Hay que remontarse a antes de la pandemia del coronavirus, a 2019, para encontrar el registro más alto: 1.285 procesos judiciales. Desde el Covid-19, la cifra ha ido descendiendo hasta llegar al medio millar de casos.

Fue precisamente el año de la pandemia cuando en Almería se registraron datos similares a los de ahora en relación a los lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la ley de los alquileres, alrededor de 300.

Al margen de estos datos conocidos a través de la página web del CGPJ, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2025 ofrece, por su parte, otra perspectiva sobre la actividad de los servicios comunes de notificaciones y embargos. Estos recibieron 8.134 solicitudes de lanzamiento en Andalucía durante el pasado año, un 5% menos que en 2024, y practicaron 4.033 con cumplimiento positivo. La cifra de solicitudes recibidas no representa, por tanto, el número de lanzamientos que llegaron a ejecutarse.

Andalucía cuenta con 61 servicios comunes de notificaciones y embargos. En sus estadísticas, Málaga fue la provincia que recibió más solicitudes de lanzamiento en 2025, con 2.253, de las que 1.264 se practicaron con cumplimiento positivo. Le siguieron Cádiz, con 1.239 solicitudes y 569 practicadas; Granada, con 1.175 y 504; y Almería, con 1.076 y 641.

En el conjunto de Andalucía, crecieron las solicitudes en Córdoba, Granada y Jaén, mientras que descendieron en provincias como Almería y Huelva.

El Sindicato de Inquilinas mantiene que “las cifras judiciales no reflejan todas las situaciones”.