El alcalde de Carboneras y candidato a la reelección, Salvador Hernández (Gicar), ha presentado una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa para que se investigue si se ha hecho “un manejo interesado” de los tiempos procesales, lo que, según apunta, le ha causado “descrédito público”, así como “perjuicio” a sus “legítimas expectativas electorales”.

El escrito pide que se investigue la tramitación que se ha seguido en la causa contra él por negar presuntamente de manera “sistemática” el acceso a la información a la oposición e interesa que se haga un “estudio comparativo” de este proceso “con otros de su mismo tiempo especie”, del “tiempo medio” entre la incoación de diligencias previas y el auto de apertura de juicio oral y un estudio “forense y de razonabilidad” respecto de la actuación de la Fiscalía.

La queja, elevada al órgano de gobierno de los jueces este jueves, critica también la “multitud de informaciones periodísticas” que “han dado cuenta de todos y cada uno de los pasos en este extraño proceso” iniciado a instancias de una denuncia del portavoz municipal del PSOE, José Luis Amérigo, y hace alusión al “perjuicio” ocasionado “por la pena de banquillo, ya impuesta”.

Tiempos El abogado que ejerce la defensa del alcalde y candidato, Miguel Angel Campos, detalla la cronología del trámite de la causa e indica que, desde la toma de declaración como imputado, cuatro meses después de entrar en el juzgado la denuncia de la Fiscalía, hasta que se dictó providencia para que el Ministerio Público informase sobre cuál era el procedimiento a seguir, “pasaron solo tres días”.

Remarca que, en ese tiempo, “no hubo tiempo material para aportar la documentación de que había hablado, ni consideró prudente el juzgado investigar sobre lo afirmado por el imputado, quien relató que la Policía Local había intentado en cinco ocasiones notificar al denunciante, que se había negado o que en un pleno el secretario intentó notificarle expedientes y éste se negó a decepcionarlos, o que la oposición pide cada mes decenas de copias de expedientes”.