El Consejo Consultivo de Andalucía ha propuesto que el Ayuntamiento de Almería indemnice con 150.000 euros por daños morales a tres vecinas que soportaron durante casi tres lustros los ruidos de terrazas y bares en el casco histórico de la ciudad. 

El Consultivo considera que deben recibir 50.000 euros cada una por los daños morales derivados de la "inacción" municipal ante una situación de contaminación acústica que la Justicia ya calificó de intolerable.

Tras este dictamen, que ha sido preceptivo debido a la cuantía reclamada por las afectadas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Ayuntamiento deberá dictar una resolución definitiva. El pronunciamiento no es vinculante, por lo que el Consistorio podría mantener su negativa a indemnizarlas. En ese caso, las reclamantes podrían acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar el pago. De ser así, a la hora de resolver podrían resultar determinantes tanto este dictamen como una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2024.

El dictamen, emitido el pasado 9 de julio, destaca en varios pasajes la "pasividad" y la inactividad administrativa que, a juicio del órgano consultivo, sufrieron las tres mujeres. 

Además, desmonta la propuesta inicial del Ayuntamiento, que planteaba rechazar íntegramente la reclamación. Las afectadas, que residen en la misma vivienda, solicitaban 802.500 euros: 247.500 euros para cada una por daños morales y otros 60.000 euros por la supuesta depreciación del inmueble.

Sentencia del TSJA

El Consultivo no avala esa cuantía, pero considera indiscutible su derecho a ser resarcidas. Su propuesta asciende a 150.000 euros en total y llega después de que el TSJA condenara al Ayuntamiento en junio de 2024 por no adoptar medidas suficientes frente al problema del ruido.

La sentencia estimó el recurso presentado por las vecinas ante el silencio municipal y ordenó a la administración local poner en marcha todas las medidas legales necesarias para lograr el "cese definitivo" de las inmisiones acústicas en las viviendas afectadas.

El tribunal consideró acreditado que los niveles de ruido en el interior de la vivienda superaban los límites permitidos. También concluyó que las molestias procedían fundamentalmente de la actividad hostelera y de las terrazas instaladas en una calle peatonal del centro. Las mediciones reflejaban una diferencia significativa entre el ruido registrado con las terrazas abiertas y el existente cuando permanecían cerradas.

Los magistrados fueron especialmente críticos con la respuesta municipal. Consideraron que los ruidos eran "insoportables y perfectamente evitables" si se hubieran adoptado las medidas necesarias y entendieron que el Ayuntamiento incumplió su posición de garante de los derechos de las residentes. 

La resolución judicial apreció una vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

Desde 2011

El dictamen recuerda que las vecinas venían denunciando el problema desde octubre de 2011. La zona, además, estaba declarada acústicamente saturada, una circunstancia que, según la sentencia, evidenciaba que el Ayuntamiento conocía la superación de los niveles de ruido permitidos. Pese a ello, se mantenía la actividad de establecimientos y terrazas en una proporción superior a la prevista en el plan de acción.

El órgano consultivo subraya que las competencias municipales frente a la contaminación acústica no son opcionales. Inspeccionar, controlar, imponer medidas correctoras o sancionar incumplimientos forma parte de un deber de actuación cuando la administración tiene conocimiento de ruidos potencialmente lesivos, expone.

En este caso, sostiene, el Ayuntamiento no puede reabrir el debate sobre su responsabilidad, ya que una sentencia firme declaró que su actuación fue insuficiente y que existía una relación directa entre esa pasividad y el perjuicio sufrido por las afectadas. La única cuestión pendiente es, por tanto, fijar la cuantía de la compensación.

El Consultivo rechaza la solicitud de 247.500 euros para cada una de las vecinas por considerarla desproporcionada. Sin embargo, también descarta el argumento municipal de que no puede reconocerse un daño moral sin informes médicos, diagnósticos de ansiedad, insomnio o tratamientos psicológicos individualizados.

Daño moral

La vulneración de derechos fundamentales, sostiene, genera por sí misma un daño moral indemnizable. La acreditación de secuelas físicas o psicológicas podría justificar una compensación superior, pero su ausencia no elimina el perjuicio derivado de una exposición prolongada a ruidos intensos dentro del propio domicilio.

La reclamación por la supuesta pérdida de valor de la vivienda, en cambio, queda fuera de la propuesta. El Consultivo entiende que las afectadas no aportaron ningún informe pericial que acreditara esa depreciación. Añade, además, que un estudio técnico municipal apuntaba precisamente a que los inmuebles de la zona habían incrementado su valor en los últimos años.

Aunque el dictamen no obliga al Ayuntamiento, sí fija con claridad el criterio jurídico del órgano consultivo: rechazar la propuesta municipal de archivar la reclamación sin compensación y reconocer una indemnización de 50.000 euros para cada una de las tres vecinas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería ha señalado a este periódico que, hasta el momento, "no está condenado a nada ni obligado a pagar nada. El proceso judicial sigue en curso y no hay sentencia definitiva", ha precisado.