Los trabajadores que acompañan en los colegios a niños con autismo, discapacidad o necesidades especiales -aquellos que les ayudan a comunicarse, a moverse, a ir al baño o, simplemente, a seguir una clase-, han salido en la mañana de este miércoles 13 de mayo a la calle para denunciar la situación de extrema precariedad en la que trabajan. 

Son los PTIS (Personal Técnico en Integración Social), un servicio clave para la inclusión en las aulas andaluzas que, pese a sostener la atención diaria de estos menores, arrastra contratos parciales, incertidumbre cada verano y plantillas insuficientes desde hace más de quince años. 

Son estas razones las que han conducido a los PTIS a convocar una huelga en toda Andalucía. Aquí, en Almería, hay 130 profesionales llamados a filas, todos subcontratados por Al-Alba Empresa de Servicios Educativos y Sociales. En relación con esto, desde CSIF denuncian que la administración considera su labor como "servicio complementario", frente al rol "esencial" que ellos defienden cumplir.

Qué hacen los PTIS

Además de encargarse de tareas asistenciales en los centros públicos, su trabajo va mucho más allá de lo que suele imaginarse. "Somos los pies, las manos y la voz de muchos de estos niños. Somos personal esencial", reivindican. 

Las PTIS acompañan a alumnado con necesidades educativas especiales durante toda la jornada escolar y les prestan apoyo en aspectos básicos de su día a día: desde ayudarles a desplazarse, ir al baño o cambiarles el pañal, hasta darles el desayuno. 

Pero también participan en su aprendizaje y desarrollo: adaptan materiales, facilitan su integración en el aula, fomentan habilidades sociales, previenen el aislamiento y les ayudan a seguir las clases y la rutina escolar en igualdad de condiciones con el resto de compañeros.

Una situación que afecta también a los niños

Según los manifestantes, la empresa que los subcontrata hace coincidir sus vacaciones con el cierre escolar, momento en el que -desde junio a septiembre- gran parte del personal queda suspendido en una gran incertidumbre laboral. "No sabemos si volveremos al mismo centro, porque nos pueden trasladar lejos si quieren. Eso hace que perdamos la continuidad con un alumnado que, normalmente, necesita estabilidad". 

Que cada curso los menores tengan que lidiar con un nuevo profesional provoca la ruptura del apego, la confianza, la rutina y, en general, la adaptación que ya habían desarrollado con el profesional anterior.

La falta de personal repercute, así, de manera directa en los niños con necesidades especiales. Ejemplo de ello, señalan, es el CIP Infante de Aguadulce, donde hay tres menores con autismo y solo tienen 10 horas semanales de PTIS. "Eso significa dos horas diarias para varios niños, tiempo insuficiente para atender todas sus necesidades. Se priorizan tareas básicas (como el pañal o el desayuno) y quedan fuera apoyos educativos y de integración. Es inadmisible", describen.

"Queremos que se cumpla nuestro convenio. Hasta ahora no se han respetado nuestros días de vacaciones -35 según licitación-, ni el cálculo de trienios, las excedencias, los permisos, etc. Ya hubo un proceso de mediación (SERCLA) para intentar solucionarlo, pero no se llegó a ningún acuerdo. Estamos cansados", cuentan los profesionales.

Qué piden

El conflicto, explican, no es nuevo ni puntual, sino que responde a un problema que arrastran desde hace años. Las PTIS denuncian que este servicio lleva más de una década funcionando bajo un modelo privatizado que ha cronificado la precariedad laboral. 

Por eso, entre sus principales reclamaciones están que el servicio vuelva a ser de gestión pública (fin de la externalización), que sus condiciones se equiparen a las del personal técnico contratado directamente por la Junta y que se garantice la contratación a jornada completa durante todo el curso escolar, además del cumplimiento íntegro del convenio laboral. "Y, por supuesto, que tengamos plantillas suficientes para garantizar la inclusión real que estos niños se merecen", concluyen.

Sus críticas se dirigen tanto a Al-Alba Empresa de Servicios Educativos, como a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), a la que responsabilizan de permitir esta situación.

Nueva polémica: servicios mínimos "abusivos"

Según explican los manifestantes, este miércoles la Administración ha fijado unos servicios mínimos "abusivos": "Más del 90% de la plantilla ha sido obligada a trabajar. En la práctica, casi el 100%", señalan. ¿El motivo? En la mayoría de los centros almerienses solo hay un PTIS, por lo que si esta trabajadora está designada como servicio mínimo, no puede secundar la huelga. 

Lejos de ser una protesta novedosa, los PTIS llevan desde 2018 reivindicando el cumplimiento de sus derechos. Cuatro huelgas después, el conflicto ya es estructural y cronificado.