Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la principal trama criminal dedicada a la conocida como estafa de los revisores del gas. En la operación han sido detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas que engañaron a cerca de 2.000 personas en toda España, principalmente a ancianos, ciudadanos extranjeros y discapacitados.

Falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables y las amenazaban con cortar el suministro o importantes multas si se negaban a una revisión que calificaban como obligatoria. Así llegaron a obtener hasta 900€ de una sola víctima y asediaron a ancianos a los que estafaron varias veces en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible. Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y numerosas propiedades en España, mientras la macro red de mercantiles acumula también una deuda de cerca de 4.000.000 de euros con la Seguridad Social. Las investigaciones han permitido el embargo de un total de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades, así como la incautación de 10 vehículos de alta gama.

Las pesquisas, que se han prolongado durante casi dos años, se han centrado en un entramado de empresas con idéntico objeto social relacionado con las revisiones y el mantenimiento de instalaciones receptoras de Gas envasado o de GLP (Gas Licuado procedente del Petróleo), las populares “bombonas de butano”. La red empresarial, que acumula 3,9 millones de euros de deuda con la Seguridad Social, estaba asesorada y fue creada a partir de una asociación sin ánimo de lucro, en la que cinco de los 12 detenidos figuraban como integrantes del consejo de administración. Los arrestados obtenían elevados ingresos económicos que les permitían llevar un alto nivel de vida con vehículos de gama alta, viviendas de lujo así como numerosas propiedades en España.

Máximo beneficio posible
Estas empresas contrataban a operarios, en ocasiones con antecedentes penales, para que acudieran a domicilios de personas generalmente de edad avanzada a las que mediante engaños les hacían creer que se trataba de revisiones obligatorias. En ocasiones llamaban previamente por teléfono a los ciudadanos haciéndose pasar por inspectores de Industria, para acto seguido presentarse en sus domicilios para realizar dichas revisiones. Una vez en el interior de las viviendas, los operarios simulaban servicios de mantenimiento y realizaban supuestas revisiones y trabajos innecesarios por los que cobraban unas cantidades abusivas que oscilaban entre los 50 y los 390 euros. También aprovechaban que les hubieran franqueado el paso al domicilio para hurtar al descuido objetos de valor.