El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Jiménez, ha exigido al alcalde que garantice la protección de datos de los ciudadanos por las grabaciones en la calle que efectúan tanto el coche ponemultas de la policía municipal como las que realiza a diario la empresa Dornier, concesionaria del servicio de aparcamiento regulado.
“Ya sabemos que el Ayuntamiento de la capital puede autorizar a la empresa concesionaria el uso de cámaras a efectos de control del servicio adjudicado” de hecho así se recogía en el pliego de condiciones de la concesión, pero explican los socialistas que “eso no exime a la empresa, sin embargo, de cumplir con la ley e inscribir su fichero de datos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”.

Normativa Explican desde el Grupo Municipal Socialista que la ley de Protección de Datos obliga a quien instale cámaras de videovigilancia en espacios públicos a informar de la existencia de las mismas así como de la persona o empresa ante la que el ciudadano que se considere perjudicado pueda ejercitar su derecho de queja o pedir información. Igualmente hay que especificar el alcance físico de la zona sujeta a videovigilancia.
En el caso de los ayuntamientos, están igualmente obligados a inscribir sus registros de datos en la AEPD.

Sanciones “Si se produce el incumplimiento de ese requisito del registro en el caso de una empresa privada constituiría una infracción muy grave sancionada con multa de hasta 600.000 euros”, explica el portavoz socialista. 
En cuanto a un Ayuntamiento que no cumple, según explica Jiménez, podría implicar un apercibimiento y algún tipo de sanción que no sea de tipo económico.
“Por lo que nosotros sabemos, el Ayuntamiento de Almería no ha registrado el fichero de la videovigilancia del coche ponemultas”, explica.
Jiménez recuerda al equipo de Gobierno que la Agencia Española de Protección de Datos ya obligó  en su día a Google Maps a retirar las imágenes de las calles de España por atentar contra la intimidad de las personas.
Habrá que esperar para ver la reacción que tienen desde el equipo de Gobierno y ver si definitivamente ambos vehículos se dan de alta en la Agencia de Protección de Datos o si, se produce algún tipo de denuncia con lo que, se podría sancionar a Ayuntamiento o empresa.