La creciente implantación de drones en los cuerpos policiales está transformando la manera de abordar tareas como la vigilancia, el control de multitudes, la respuesta a emergencias y la recopilación de pruebas.

Estas aeronaves no tripuladas proporcionan una visión aérea estratégica, mejoran la seguridad de los agentes y optimizan recursos, convirtiéndose en un recurso tecnológico de primer nivel para la seguridad ciudadana. Sin embargo, su uso requiere una formación continua, actualizada y rigurosa, tanto en aspectos operativos como normativos.

Con este objetivo, la Unión Federal de Policía (UFP) organizó el pasado sábado 26 la IV Jornada de Actualización sobre Cambios Normativos en la Regulación del Vuelo de Drones, una acción formativa celebrada en la Escuela de Imagen y Sonido de Almería (EISO). El evento reunió a unos 50 agentes de distintos cuerpos —Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local—, muchos de ellos conectados de forma telemática desde puntos tan diversos como Huelva, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Córdoba, Sevilla o Vizcaya, a través de la plataforma Zoom.

La jornada fue impartida por el Oficial de Policía Local de Almería y piloto profesional de drones, Francisco Balbín López, bajo la coordinación de Evelina Zukauskaite, administradora y coordinadora de Estudios de EISO. La formación abordó en profundidad la adaptación de la normativa española a los reglamentos europeos, así como el análisis del nuevo Real Decreto 517/2024, que regula el uso civil de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS).

También se trataron cuestiones prácticas como el uso del espacio aéreo, zonas operacionales, registro de aeronaves, requisitos para vuelo urbano, permisos, autorizaciones y las diferencias entre las categorías operativas abierta y específica.

En cuanto al marco legal, la regulación de drones en España está alineada con la legislación de la Unión Europea. Los reglamentos europeos RE 2019/947 y RE 2019/945 establecen un sistema común de categorización de operaciones: abierta (bajo riesgo), específica (riesgo medio) y certificada (alto riesgo). En el ámbito nacional, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) supervisa el cumplimiento de requisitos como el registro de operadores, formación de pilotos, limitaciones de altura, identificación remota y seguros.

Desde el punto de vista operativo y policial, los drones aportan una larga lista de beneficios: permiten monitorear grandes áreas, detectar delitos de forma temprana, actuar en situaciones de riesgo sin exponer a los agentes, mejorar el control de eventos multitudinarios o facilitar operaciones de búsqueda y rescate. 

También son herramientas útiles para documentar escenas de crimen o situaciones peligrosas con imágenes de alta resolución, y representan un ahorro significativo de tiempo y recursos.

No obstante, el uso de drones también conlleva riesgos específicos para los operadores. Más allá de los riesgos tecnológicos, existen factores humanos y ambientales que deben ser gestionados. La normativa de prevención de riesgos laborales exige incluir esta actividad en la evaluación y planificación preventiva del cuerpo policial correspondiente.

El operador de drones en la policía, además de haber superado el curso formativo y obtener la aptitud con el certificado médico de la Clase 2 (exigible para ser piloto privado de avión, helicóptero, globos, planeadores y drones con un peso superior a 25 kilos). Estos reconocimientos, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, pueden ser obligatorios debido a la naturaleza crítica de la actividad.

Los riesgos más habituales incluyen caídas al mismo o distinto nivel, impactos con objetos, cortes por hélices, incendios o explosiones de baterías, contacto con elementos eléctricos o térmicos, fatiga visual por el uso prolongado de pantallas, sobrecarga mental, estrés térmico, así como posturas forzadas durante el pilotaje o transporte del equipo. Además, los riesgos no afectan sólo al piloto, sino también al observador y a cualquier compañero cercano a la zona de vuelo.

Las medidas preventivas incluyen la prohibición de operar bajo efectos de sustancias, informar de tratamientos médicos que puedan afectar al desempeño, evitar volar bajo fatiga o estrés, y formar al personal en gestión emocional y psicofísica, además de seguir rigurosamente los protocolos técnicos y de seguridad.

Almería, a través de iniciativas como esta, se impulsa un uso más eficaz, seguro y legal de una tecnología que ya es indispensable para las fuerzas de seguridad del siglo XXI.