El exceso de nitratos en el agua se ha convertido en un verdadero problema en gran parte del país y, en la actualidad, es uno de los factores que más pendientes mantiene a las autoridades ambientales y de salud pública de España. 

Los compuestos químicos de nitrógeno y oxígeno proceden en su gran mayoría de la agricultura, así como de residuos generados por la ganadería, y debido a las filtraciones de estos que se producen a través del suelo y que pueden llegar a distintas masas de agua como ríos, acuíferos subterráneos o embalses, son muchas las zonas del territorio español que conviven con la preocupación de que la calidad de su agua se vea mermada y se convierta en no apta para el consumo humano.

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado un listado de zonas del país que son vulnerables a los nitratos y hasta siete de ellas se ubican en la provincia de Almería. Tal y como explican desde el Gobierno, se considera como zona vulnerable aquella superficie cuya "escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el artículo 3 y que contribuyan, aunque sea mínimamente, a su contaminación”.

Las siete zonas vulnerables de Almería

Tal y como señalan desde el Ministerio, no son municipios concretos los que se identifican como zonas vulnerables, sino espacios del territorio que albergan masas de agua superficiales o subterráneas, así como estaciones de control, en las que los estudios han desvelado concentraciones elevadas de nitratos procedentes de la actividad agrícola.

Y en Almería son hasta siete las que se encuentran en 'peligro'. Así lo recoge la última actualización, con datos de julio del pasado año 2025, de las zonas vulnreables por contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias donde se ha marcado en rojo el agua de zonas como Pulpí, la Rambla de Mojácar, la Cubeta de Ballabona y el Río Antas, en el Levante almeriense; el Campo de Dalías y el Río Adra, en el Poniente; el Valle del Almanzora; el Bajo Andarax y el Campo de Níjar y la Sierra de Cabo de Gata.

El límite, en 50 miligramos por litro

Siete zonas almerienses en las que se han detectado altas concentraciones de nitratos y que están siendo monitorizadas por el sistema nacional y en las que los nitratos se acercan o están por encima de los 50 miligramos por litro (50 mg/l), una cifra en la que la Unión Europea ha establecido el límite permitido para el agua de consumo humano.

Un límite a partir del cual el agua contaminada por estos nitratos puede presentar un riesgo para el ser humano, especialmente para los bebés, dando lugar a problemas como el conocido como síndrome del bebé azul (metahemoglobinemia) o la relación con algunos problemas digestivos y ciertos cánceres, según revelan investigaciones científicas.

Riesgo medioambiental

Pero no solo existe riesgo para el consumo humano cuando el agua se ve contaminada por estos compuestos, ya que además una elevada concentración de nitratos tiene entre sus principales consecuencias una menor cantidad de oxígeno en el agua, la muerte de la fauna que habita en entornos acuáticos y la degradación de ecosistemas del agua, lo que puede llevar a la desaparición de especies sensibles y al predominio de bacterias y de algas.

De este modo, cabe destacar que el problema de los nitratos y su presencia en el agua tiene su raiz en el uso de fertillizantes y de estíercol en la agricultura y para frenar el avance de estos compuestos en las zonas vulnerables, la Junta de Andalucía establece criterios de control para limitar la cantidad de fertilizantes nitrogenadoz, controlar el estiércol y los purines, así como restricciones en determinadas épocas del año.

Y es que, señalan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las zonas vulnerables son designadas por las comunidades autónomas y publicadas en los boletines oficiales de las mismas. Así las cosas, detallan, yna vez comunicadas, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, procede a integrar la información comunicada por las comunidades autónomas y a actualizar el sistema nacional.