Este jueves arrancó en Málaga la IX Marcha Integral Senderista La Desbandá, un homenaje a las víctimas de la masacre en la carretera Málaga-Almería ocurrida en 1937, en plena Guerra Civil. Durante diez días y en diez etapas, 400 participantes recorrerán los mismos caminos por los que miles de civiles huyeron bajo el fuego de la aviación italiana y la marina franquista. La iniciativa, organizada por la Asociación Sociocultural y Club Senderista La Desbandá, reivindica la verdad histórica y exige la reparación de responsabilidades a los estados español, alemán e italiano.

Bajo el lema “La Desbandá, memoria viva”, los participantes insisten en la necesidad de dignificar a las víctimas de aquel episodio silenciado durante décadas. Ni la II República ni el franquismo dieron apenas difusión a lo ocurrido, solo en los últimos años se ha empezado a reconocer el alcance del horror que vivió la población civil. Y es que no ha sido hasta este viernes 7 de febrero que La Desbandá -y con ella la carretera N-340-, uno de los episodios más cruentos de la guerra, se ha declarado Lugar de Memoria Democrática. Así se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Complicaciones

Si bien es un acontecimiento que se prepara todos los años con notable antelación, este 2025 la marcha enfrenta un obstáculo inesperado. Hace un par de semanas, los organizadores recibieron la resolución que indicaba que todo estaba en orden para comenzar la marcha, pero este jueves la Subdelegación del Gobierno se puso en contacto con la asociación para comunicarles que la Guardia Civil había emitido un informe desfavorable sobre la etapa final. El fragmento, que une Aguadulce con el Puerto de Almería, es uno de los más importantes de la marcha, ya que representa la entrada de los civiles a la capital almeriense.

A pesar de que el recorrido se ha realizado sin incidentes durante los últimos ocho años, las autoridades consideran ahora que el tramo junto a la carretera presenta un riesgo excesivo para los participantes por su cercanía con los vehículos. Como alternativa, han propuesto una ruta que desde la asociación juzgan "más larga y complicada de transitar", lo que ha generado malestar entre los organizadores.

“La carretera es un lugar de memoria democrática y debe recorrerse a pie, como lo hicieron las víctimas”, defiende Rafael Morales Domínguez, presidente de la Asociación. Además, denuncia que el 90% de los participantes son personas de 65 años y que la nueva ruta propuesta podría resultar inasumible para muchos de ellos. La Subdelegación del Gobierno ha sugerido además utilizar autobuses, pero los organizadores lo descartan. “La esencia de la marcha es hacer el camino andando. No es una excursión, es una manifestación en memoria de los que murieron en la carretera”, explica Morales.
La organización celebrará una asamblea en los próximos días para decidir los siguientes pasos. De momento, la IX Marcha de La Desbandá sigue su recorrido con determinación, recordando a los caídos y defendiendo el derecho a transitar por una vía que es parte fundamental de la memoria histórica del país.