El cabreo de los jueces llega a Almería
Villagrá se adhiere al rechazo general de los decanos ante la posible reforma

David Villagrá, decano de los jueces de Almería.
En un momento de creciente cambio en el ámbito judicial, la reforma que pretende impulsar el Gobierno, por el que se regula la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal ha despertado una ola de rechazo entre los togados. El decano de los jueces de Almería, David Villagrá, se ha adherido al medio centenar de decanos de toda España para expresar su preocupación por la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. La medida, que ya había sido rechazada por cientos de jueces y fiscales, ha sumado ahora el respaldo de magistrados con mayor experiencia, lo que refuerza la oposición dentro del sector.
Los jueces decanos han manifestado su apoyo a los comunicados emitidos por las promociones 72, 73 y 74 de la Escuela Judicial, que han mostrado su rechazo a aspectos clave de la reforma. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la introducción de un “concurso forzoso” para la asignación de plazas y la regularización de jueces interinos que no han superado la oposición.
Aunque la reforma, aprobada en Consejo de Ministros, busca facilitar el acceso a la carrera judicial mediante becas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la sustitución del examen oral por una prueba escrita, genera controversia en lo relativo al incremento de jueces. Esto se debe a que el Ministerio a cargo de Félix Bolaños plantea dos vías principales para ello: reforzar el cuarto turno (acceso para juristas de reconocido prestigio) y regularizar la situación de un millar de jueces interinos que nunca han aprobado la oposición.
Las promociones 72, 73 y 74 de jueces y fiscales han manifestado su rechazo a esta medida señalando que se requiere de una formación específica que sólo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad. Consideran que la entrada de profesionales judiciales mediante el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudicaría sus oportunidades de promoción y desarrollo en su carrera, relegándoles en el escalafón. Una disposición que, según estos jueces y fiscales, “vulnera claramente el artículo 103 de la Constitución que establece que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, contradiciendo sus principios de igualdad, mérito y capacidad.
Según la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno, los jueces ascenderán a la categoría de magistrados tras cinco años en la carrera judicial. Sin embargo, esta medida incluye la reintroducción del traslado por categoría, una disposición que los togados califican de ‘forzosa’ y que fue eliminada en 2009.
En este sentido, consideran que la reinstauración del traslado forzoso a los tres años de ascender a magistrado o fiscal es “anacrónica y lesiva para la conciliación personal y familiar”, ya que impone “una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social” de ambas profesiones, dificultando la estabilidad del núcleo familiar en un mismo domicilio.
Además, subrayan que esta medida “perjudica especialmente” a jueces y fiscales de regiones con escasas plazas disponibles, ya que se verían ‘forzados a abandonar su residencia’. Este tipo de cambios de destino precipitados por un ascenso también podría afectar al funcionamiento de los juzgados en lugares esta provincia, ya que limitaría el conocimiento de los profesionales sobre su entorno.
“Los cambios continuados de destino en plazos cortos impiden un conocimiento en profundidad de los asuntos del juzgado y del contexto en el que se desempeña la función jurisdiccional o fiscal, perjudicando la estabilidad necesaria en los órganos judiciales”, concluyen los togados en desacuerdo.