La negativa del Congreso de los Diputados a convalidar el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, en el que se incluían medidas como la revalorización de las pensiones, las ayudas al abono transporte o las que tienen que llegar a los afectados por la DANA, sigue generando reacciones de todo tipo. Mientras los sindicatos ya amenazan con salir a la calle a protestar por la 'no subida' de las pensiones, son varios los ayuntamientos y comunidades autónomas que empiezan a mostrar su postura con respecto a las subvenciones que había comprometidas para el transporte.

Así, después de que la Junta de Andalucía anunciara que desde la administración autonómica ellos van a mantener el 20% de bonificación que aplicaban al precio del transporte público colectivo de viajeros de los consorcios, el Ayuntamiento de Almería ha decidido sumarse a esta misma medida y mantener ese 20% de descuento en los bonos y tarjetas mensuales que se utilizan en los autobuses municipales.

Explican desde el Consistorio de la capital que esta bonificación se va a mantener al menos hasta el 30 de junio de 2025. Dice la concejal de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, que desde la administración local reiteran “la apuesta por el transporte público y la movilidad sostenible” y por ello, han decidido mantener el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de asumir el 20% adicional de rebaja en estos abonos y tarjetas. Cabe recordar que era una condición que imponía el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para mantener el descuento del 30% que se empezó a aplicar desde septiembre de 2022 por parte del Gobierno tras acogerse el Consistorio al decreto 'anticrisis' .

Un descuento, el del 30% adicional, que el Ayuntamiento de Almería “exige” al Gobierno de España “que siga cumpliendo”. “Confiamos en que en los próximos días el Ejecutivo adopte la decisión adecuada de hacer un decreto ley individualizado. Es una cuestión que afecta a muchísimos ciudadanos que apuestan por el transporte público en su día a día y debe de contar con el apoyo de todas las administraciones públicas”. Y es que, cree García Lorca que debe cumplirse con esta medida y huir de "los intereses partidistas". Unos intereses que llevan sobre la mesa desde la sesión parlamentaria del miércoles tras la cual se cruzaron responsabilidades sobre la no aprobación de algunas medidas de carácter social tan importantes.

La concejala de Seguridad y Función Pública quiso recordar que esta medida supone unos 500.000 euros de aportación municipal, de acuerdo a la estimación de los técnicos municipales basada en los datos de uso del transporte urbano y la tendencia, al alza, que se viene produciendo tras la pandemia.