Almería ocupa las primeras plazas en el ranking nacional de personas desaparecidas, según el balance anual presentado este martes por el ministro Fernando Grande-Marlaska. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), órgano especializado dependiente del Ministerio del Interior, cuenta con 262 casos activos de desaparición en la provincia, una cifra elevada en relación a su población. “Cádiz, Granada y Almería son las provincias que tienen un índice superior a 30 casos por cada 100.000 habitantes”, señala el CNDES. “Se observa que Andalucía, seguida de Canarias, es la comunidad con mayor tasa”.

El problema crece entre colectivos vulnerables. Interior revela la existencia de 202 casos activos de desapariciones de menores de edad en Almería. “Las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería son las que encabezan la lista por orden de importancia de hechos denunciados por desapariciones de menores de edad”, detalla el informe del CNDES.

En este apartado pueden distinguirse desapariciones voluntarias (suelen resolverse en unos pocos días como norma general), las desapariciones vinculadas a la sustracción de menores (apenas una treintena de casos desde el año 2015 y la mayoría vinculados a progenitores o tutores u otros familiares) y las fugas de centros públicos de acogida.

Esta última situación eleva las estadísticas de la provincia de Almería y la preocupación de las autoridades. Los centros de protección no son recintos herméticos, cerrados y custodiados policial o judicialmente. Los menores tutelados por la Junta de Andalucía están en un régimen de protección, sin embargo, eso no evita que se produzcan fugas, especialmente entre adolescentes. Interior destaca este problema. “Las provincias en las que se producen o registran mayor número de personas desaparecidas menores de edad cuentan en sus localidades con centros de acogida”.

La Junta de Andalucía cuenta con una red de establecimientos de protección según las necesidades de los jóvenes (Piedras Redondas, Hogar Indalo, centros especializados en menores extranjeros no acompañados, etc.).

Medidas de prevención

Precisamente, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha anunciado esta semanas nuevas medidas para el trabajo y seguimiento de menores tutelados (la tutela de estos menores es una obligación legal para la Junta de Andalucía).

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias ha presentado las ayudas de 2020 a las entidades sociales que trabajan con personas migradas. La cartera que lidera Juan Marín asegura que se dará preferencia a aquellos destinados a inserción laboral de los jóvenes extutelados y a fomentar su autonomía una vez que salen del sistema de protección de la Junta de Andalucía. “Lo que intentamos es que cuando cumplan los 18 años puedan seguir con proyectos de formación, integración y poder poner en marcha una nueva vida en Andalucía si así deciden hacerlo”, señala Juan Marín.

Además, el Ministerio del Interior ha anunciado algunas medidas para el seguimiento de los casos de menores desaparecidos, bajo un sistema conocido como Alerta Amber, con especial atención a los fenómenos migratorios.