La Fiscalía de Almería solicita una condena de nueve años de prisión para A. C. de 54 años de edad por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa durante la tramitación de contratos ficticios de trabajo.

El acusado aparece como principal señalado de una investigación de la Policía Nacional en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social  (TGSS) y Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), ambas instituciones personadas como acusación en el proceso judicial.

Según el escrito fiscal, A. C. utilizó dos sistemas presuntamente fraudulentos. El primero consistía en la apertura de contratos de trabajo con datos de empresas ajenas a esa actividad, totalmente desconocedoras de las gestiones. El principal objetivo era permitir a los empleados ficticios acceder luego a prestaciones y subsidios públicos.

El segundo método era la  supuesta venta de contratos a ciudadanos extranjeros sin permisos de residencia y, por tanto, necesitados de un empleo firme para regularizar su situación legal en España.

La Seguridad Social describe en su escrito de acusación los trámites de A. C. “Ideó un sistema para facilitar la obtención de prestaciones públicas por parte de trabajadores que figuraban de alta en la Seguridad Social previo pago de un precio”. “Simuló de mutuo acuerdo con los trabajadores ficticios, puesto que nunca hubo prestación de servicios, la existencia de relaciones con tres empresas y utilizó las autorizaciones de RED (sistema de gestión) de dichas empresas, que le habían asignado como autorizado, para cursar las altas falsas en la TGSS”, añade el escrito del letrado.

Cantidades
En este sentido, la Fiscalía y la TGSS coinciden en detectar cinco contratos sospechosos de fraude. Pide el fiscal penas de dos años de cárcel para cada uno de los supuestos empleados por su participación consciente en una sistema irregular, según su calificación.

Para el fiscal, las actividades de A. C. se extendieron entre los años 2010 y 2013 gracias a una gestoría, si bien el colegio profesional del sector siempre ha sostenido que no existe rastro de su colegiación. “Se dedicó a elaborar contratos de trabajo inexistentes para venderlos a personas cuya única finalidad era que pudieran solicitar y obtener indebidamente prestaciones”, insiste el escrito del fiscal.

El documento enumera el supuesto cobro irregular de prestaciones por valor de casi 13.000 euros. Además, según la investigación, A. C. cobró unos 4.000 euros a inmigrantes interesados en regularizar su situación en España. Todos ellos suscribieron contratos con empresas entre 2010 y 2011. Sin embargo, el escrito del Ministerio Público no solicita penas de prisión para estas personas al no hallar indicios de delitos.