La campaña agrícola 2025/26 en Almería se inicia con un horizonte marcado por contrastes: buenos datos de producción y valor comercializado, pero también con un entorno político, económico y normativo que genera inquietud en agricultores, organizaciones y administraciones. Diferentes actores del sector han expuesto sus análisis y previsiones, lo que configura una radiografía amplia de los retos que vienen.

Desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se califica como “buena” la campaña recién finalizada en 2024/25. Pese a incidencias como plagas –caso del Trips parvispinus– o episodios climáticos adversos, la producción alcanzó los cuatro millones de toneladas, un 2,3 % más que el año anterior. El delegado Antonio Mena subraya que el sector ha consolidado el uso de control biológico en más de 28.000 hectáreas, avanzando hacia un modelo cada vez más sostenible.

ASAJA: una PAC debilitada

Sin embargo, el optimismo técnico y comercial convive con alertas sobre la coyuntura política y económica. La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA-Almería), a través de su presidenta Adoración Blanque, denuncia el recorte del 20 % previsto en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) dentro del nuevo marco financiero de la UE.

Según ASAJA, este ajuste restaría más de 28 millones de euros anuales al campo almeriense, poniendo en riesgo explotaciones, sobre todo en zonas de secano. Se recuerda que un 75 % de los agricultores de la provincia recibe apoyo de la PAC y que sin esas ayudas peligran la competitividad y la continuidad de explotaciones familiares. Para Blanque, la reducción presupuestaria debilitaría la soberanía alimentaria, daría ventaja a terceros países y dejaría en entredicho la capacidad de innovación del sector.

COEXPHAL: amenazas para el campo

En una línea similar, el gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández, advierte que la PAC aún no responde a las necesidades de la agricultura intensiva del sureste español. A su juicio, los avances introducidos en 2025 alivian trámites, pero no solucionan la falta de protección frente a la competencia exterior. Fernández alerta especialmente de la modificación del acuerdo comercial UE-Marruecos, que prevé mayor liberalización de productos hortícolas y podría dejar sin efecto las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relativas al Sáhara Occidental. 

Un escenario que, según COEXPHAL, amenazaría al tomate español y a otros cultivos en un marco de competencia desigual. El dirigente también denuncia la “creciente presión fitosanitaria”, con prohibiciones sobre materias activas y lentitud en registros de nuevos productos, lo que sitúa a los agricultores europeos en desventaja frente a terceros países.

COAG: higiene rural

Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) centra su análisis en la gestión de residuos vegetales. Andrés Góngora, secretario provincial, asegura que la falta de estrategia clara por parte de las administraciones ha permitido un modelo deficiente, dominado por intereses empresariales y con escaso control.

La obligatoriedad de separar rafia y restos vegetales en la próxima campaña o de usar alternativas biodegradables es valorada como positiva desde el punto de vista ambiental, pero difícil de asumir sin apoyo económico e institucional. COAG reclama ayudas directas y mayor corresponsabilidad administrativa para evitar que los agricultores, mayoritariamente pequeños productores, asuman en solitario costes y carencias estructurales.