La propuesta de la Comisión Europea publicada este jueves para reformar el marco de contratación pública de la UE marca un posible cambio en la forma en que Europa utiliza el gasto público, especialmente en el ámbito de la alimentación. Para los agricultores y las cooperativas agrarias, esta reforma podría ofrecer una vía concreta para reforzar la autonomía estratégica de Europa y garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos respalde la propia capacidad de producción europea, tras años de prácticas de contratación centradas principalmente en el precio más bajo.

Durante más de una década, la contratación pública en la UE ha funcionado en gran medida bajo el marco establecido por las directivas de 2014. Si bien estas normas han contribuido a establecer procedimientos comunes y a fomentar la competencia en el mercado único, el contexto en el que se diseñaron ha cambiado radicalmente. La nueva realidad geopolítica y económica de Europa exigía un cambio claro de doctrina.

Europa se enfrenta a inestabilidad geopolítica, interrupciones en las cadenas de suministro, crecientes dependencias estratégicas y una intensa competencia mundial. Al mismo tiempo, la UE busca legítimamente reforzar su competitividad y su autonomía estratégica. La contratación pública, que representa una parte importante de la actividad económica, ya no puede considerarse únicamente como un proceso administrativo destinado a obtener bienes y servicios al menor coste.

Esto es especialmente cierto en el caso de los alimentos. Las autoridades públicas adquieren cantidades significativas de alimentos y servicios de restauración para escuelas, hospitales, residencias, instituciones públicas y otras instalaciones. Por tanto, desempeñan un papel importante en el mantenimiento de una base de producción alimentaria europea resiliente. En un momento en que se pide a nuestras explotaciones agrícolas y cooperativas que den ejemplo a todos los niveles, resulta cada vez más difícil justificar la creciente desconexión con unas normas de contratación pública obsoletas.

Por ello, Copa y Cogeca apoyan la propuesta de la Comisión, y en particular las disposiciones específicas sobre la contratación de alimentos. El reconocimiento explícito de la necesidad de una remuneración justa para los agricultores es especialmente importante. Copa y Cogeca acogen también con satisfacción el mayor reconocimiento de los regímenes de calidad, las indicaciones geográficas y la producción ecológica, así como de los requisitos de bienestar animal. Estas disposiciones pueden contribuir a garantizar que la contratación pública respalde mejor los productos agrícolas y alimentarios europeos locales, al tiempo que aporta un mayor valor a las autoridades públicas y a los ciudadanos.

Aunque algunos elementos de la propuesta presentada requieren aún más aclaraciones, Copa y Cogeca esperan que el Parlamento Europeo y el Consejo aprovechen la oportunidad para reforzar y perfeccionar este texto, tan importante para el sector agrícola. Al hacerlo, deben preservar la flexibilidad y la transparencia que las autoridades públicas necesitan para tomar decisiones coherentes y eficaces en materia de contratación pública agroalimentaria.