El nombre de Ana Julia Quezada, la mujer que asesinó al pequeño Gabriel Cruz en Níjar en el año 2018, vuelve irrumpir en los medios de comunicación. Una vez más, la tenencia ilícita de un teléfono móvil en el interior de la cárcel de Brieva (Ávila) donde se encuentra Quezada es la protagonista de la historia. Desde el pasado martes, se ha conocido que, un juzgado investiga por cohecho a funcionarios de prisiones de Brieva por pasarle un teléfono móvil a Ana Julia a cambio de sexo. Asimismo, con ese dispositivo, Quezada habría grabado vídeos con los que presionar a la prisión, según recoge El País.

Desde hace un año, el Juzgado número 4 de Ávila investiga un posible delito de cohecho por parte de varios funcionarios de la prisión situada en la localidad de Arévalo. De las diligencias de la investigación se desprende que las declaraciones recogidas por los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil a un educador de la institución penitenciaria coinciden con las de la actual pareja de Quezada y otras tres internas en Brieva.

Estos testimonios sostienen que Ana Julia habría "mantenido relaciones sexuales" con algunos empleados de la prisión, entre los que se encuentran funcionarios y el cocinero. Parece ser, que algunos de estos habrían sido grabados por la interna con el fin de "coaccionar" a la dirección del centro penitenciario para conseguir un traslado a otra institución de Barcelona.

Grabaciones comprometidas

"La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de video en las que aparece funcionario en su celda." señala un informe elaborado por la directora de la prisión de Brieva, Laura Pérez.

De acuerdo con este documento recogido en las diligencias de investigación, Quezada habría indicado que, habría obtenido el teléfono por parte del funcionario. "Según ella, este dispositivo se lo proporcionó el funcionario". Señala el informe que adelantaba El País.

Asimismo, el informe recoge que, Quezada, en una entrevista con el educador de Brieva, señaló "haber sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder respecto a ella". En el transcurso de la investigación judicial, el empleado de Brieva fue detenido el pasado 4 de septiembre de 2024 en calidad de investigado, por un presunto delito de abuso de función pública.

En un oficio emitido por el juzgado el pasado 6 de marzo, se acordaba ampliar las diligencias para comprobar la existencia de expedientes disciplinarios contra Ana Julia y el cocinero del centro penitenciario, aunque ninguno de ellos figura formalmente como investigado en el proceso judicial.

El informe emitido por Laura Pérez indica que, según el testimonio del educador, el teléfono con las grabaciones comprometedoras está en manos de la actual pareja de Ana Julia. Además, se señala que estaría utilizando dicho material para "amenazar con hacerlo público", afirmando que “hundiría al centro y a su dirección”.

Irregularidades durante los cacheos

También se recoge que el funcionario "alertaba a Quezada con antelación cuando se le iba a practicar un cacheo, para que pudiera esconder el teléfono" y así evitar que fuera descubierto.  Esta versión fue corroborada durante la investigación por tres internas más del centro penitenciario de Brieva, así como por la propia pareja de Quezada, quienes también declararon que los encuentros sexuales entre ambos tenían lugar durante la noche, en la celda de ella.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el verano pasado por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz. Posteriormente, el 11 de mayo de 2024, Ramírez ofreció una rueda de prensa en Almería en la que denunció públicamente, basándose en fuentes directas, que la autora del asesinato de su hijo disponía de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario.

Ramírez convoca una rueda de prensa

Este episodio llega en la víspera en la que Patricia Ramírez, madre de 'El Pecaito', ha convocado una rueda de prensa para el próximo miércoles día 7 de mayo, en donde abordará la "vulneración de derechos" en el marco del Estatuto de la Víctima. Además, Ramírez, tiene entre sus objetivos con esta rueda que tendrá lugar en el pabellón de Deportes Moisés Ruiz de la Diputación de Almería, situado en la Carretera de Ronda, denunciar "el desamparo y desprotección institucional y judicial".

Patricia Ramírez también abordará durante su rueda de prensa las presuntas irregularidades en la prisión donde cumple sentencia la autora del asesinato de su hijo.

Durante el mes de junio del año 2024, la madre del pequeño, continuaba su lucha por defender los derechos de las víctimas, solicitando a la Audiencia Provincial de Almería que investigase el intento de firma de contrato entre Ana Julia y la productora audiovisual interesada en realizar un documental sobre el caso de la muerte de Gabriel Cruz.

En aquel entonces, Ramírez se movilizó enérgicamente para frenar esta producción al detectar posibles irregularidades en Brieva, como el el uso de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario, con el que supuestamente se grabaría Quezada.

Ramírez elevó este asunto al Senado, donde compareció de forma inédita ante la comisión de Interior, para reclamar un pacto de Estado para regular los contenidos 'true crime', con especial relevancia, aquellos contenidos que afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.