Almería no compite en igualdad de condiciones en cuanto al cine se refiere. De un tiempo a esta parte sale más rentable rodar en otras partes de España que en la provincia, y ya son muchas las productoras que buscan similitudes fuera, se decantan por otras localizaciones o cambian el guion directamente para poder ahorrarse dinero.

Las producciones que se ruedan en nuestro país están sujetas a un régimen, común para todas las comunidades, pero que tiene excepciones. Es el caso del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, añadiendo un asterisco en las Islas Canarias. En el caso del norte, cuentan con un régimen propio; las islas, sin embargo, sí que están en el mismo marco que Almería, pero cuentan con un pequeño ‘empujón’ del Gobierno.

Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, recuerda que España funcionó durante décadas solo con subvenciones al cine, sin incentivos fiscales específicos para los rodajes. Fue en 2015, tras una reunión que él mismo solicitó al entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, cuando se modificó el artículo 36 de la Ley del Impuesto de Sociedades para introducir por primera vez un incentivo fiscal a la producción audiovisual. 

Esa herramienta, afinada después en varias reformas hasta 2021, permitió al país situarse “en un plano más o menos de igualdad con otros” que tenían ayudas similares, con una ventaja añadida: España es, en general, más barata en bienes y servicios para un rodaje. Sobre ese esquema común surgió la primera excepción: Canarias, que, por su lejanía e insularidad, logró una bonificación del incentivo nacional hasta alrededor del 40-45%, frente al 25% general, con los mismos requisitos de gastos elegibles. 

“Lo aceptamos de buen grado”, explica Rosado, porque se entendía como un mecanismo justo para compensar dificultades objetivas de desarrollo del audiovisual canario. Sin embargo, años después, plantea una pregunta incómoda: “¿Cuánto tiempo necesita Canarias para ponerse al mismo nivel que el resto del país para que este incentivo fiscal no tenga que ser bonificado?”.

Ventaja en el norte

El verdadero punto de inflexión, sostiene, llega cuando las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava crean su propio incentivo, “mucho más” generoso y con “requisitos muy flexibles”, amparadas en su capacidad fiscal reconocida por la Constitución. No se trata de mejorar el esquema estatal, como hace Canarias, sino de levantar un marco nuevo, que permite a producciones nacionales e internacionales desgravar hasta en torno al 70%, según los datos que maneja el sector. “De repente tienen una herramienta de atracción de producción y rodaje mucho mejor que el resto de comunidades autónomas españolas”, resume.

Jugar con otras reglas

Rosado insiste en que no discute el derecho vasco a crear impuestos, sino el uso de esa ventaja para competir “con desigualdad” con el resto de territorios. A su juicio, ese incentivo debería servir para producciones vascas o que fomenten la identidad y las localizaciones del País Vasco, pero en la práctica cualquier productor puede rodar allí, sin que la historia esté ambientada en la región ni la película se haga íntegramente en suelo vasco, basta con que exista una sociedad con CIF vasco.

El impacto ya se percibe en Andalucía: “Es el País Vasco más barato y es más rentable en este momento”, admite. Aunque los rodajes extranjeros en la comunidad “no han sufrido un bajón especialmente preocupante”, sí observa que “los productores andaluces tienden a irse fuera para acogerse a incentivos fiscales más ventajosos, como son los del País Vasco”.

Rosado dice entender y apoyar esa decisión, porque es lógico que el productor vaya “donde pueda hacer su obra más barata”, aunque eso suponga “cambiar el guion” para que una historia que iba a transcurrir en Cádiz acabe trasladada a San Sebastián.

Perder lo logrado

Rosado recalca que no pretende abrir una guerra ni señalar culpables. “No critico al productor que se va al País Vasco, lo respeto y lo entiendo”, insiste. Su preocupación es que, si no se actúa, otros países y regiones sigan ajustando sus incentivos y España, y en particular Andalucía, pierdan la posición lograda.