Llueve sobre mojado en Roquetas de Mar. La posible salida de la Guardia Civil, la futura llegada de la Policía Nacional y la incertidumbre sobre el modelo de seguridad que acabará imponiéndose en la ciudad han vuelto a situarse en el centro del debate político local.

En este contexto, el alcalde, Gabriel Amat, acompañado por la candidata número del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, y el candidato al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha comparecido este martes para reivindicar la permanencia de ambos cuerpos en Roquetas de Mar.

La comparecencia llegaba apenas unas horas después de conocerse una resolución judicial relacionada con el conflicto competencial abierto en torno a la seguridad de Roquetas, un municipio que, según ha recordado Amat, supera ampliamente los 100.000 habitantes censados y multiplica su población durante buena parte del año gracias a la actividad turística.

Para el alcalde, la cuestión es simple: la ciudad necesita más recursos policiales, no la sustitución de un cuerpo por otro. Referente a la coexistencia de Guardia Civil y Guardia Civil, el regidor roquetero ha vuelto señalar, que esta fórmula ya existe en otros municipios de la provincia, y ha remarcado, que en comparación con ellos, Roquetas es mayor en población.

Una cena con el ministro

Amat volvió a rescatar el protocolo firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un acuerdo que contemplaba la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil y un incremento de plantilla hasta los 184 agentes. A su juicio, aquel proyecto quedó bloqueado con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y nunca llegó a materializarse.

El momento más duro de su intervención llegó al recordar una conversación mantenida con el ministro Fernando Grande-Marlaska. "Me dan ganas de quitar el Escudo de Oro que tiene usted de la ciudad de Roquetas porque no está atendiendo a la ciudad de Roquetas", aseguró el alcalde, quien reprochó al Gobierno central la falta de explicaciones sobre el futuro despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio.

Amat ha confirmado además que ha remitido un escrito al Ministerio del Interior para exigir aclaraciones sobre los planes del departamento y sobre las manifestaciones realizadas recientemente por la directora general de la Guardia Civil. Según ha explicado, el Ayuntamiento no dará nuevos pasos administrativos relacionados con la implantación de la Policía Nacional hasta conocer cuál será el destino definitivo de la Guardia Civil y qué efectivos permanecerán en la localidad.

En la misma línea se ha expresado Carmen Crespo, quien ha defendido que Roquetas debe mantener una demarcación compartida entre Guardia Civil y Policía Nacional, una fórmula que, ha recordado, ya funciona en otros municipios españoles incluso con menor población. La dirigente popular ha acusado al Gobierno de actuar con criterios políticos y de no dotar a los cuerpos policiales de las herramientas necesarias para combatir el aumento de la criminalidad.

La visita de la directora general de la Guardia Civil a Roquetas, lejos de despejar dudas, ha abierto un nuevo frente político. A juicio de Carmen Crespo, las decisiones planteadas por el Ministerio del Interior responden a criterios de "sectarismo político" y no a las necesidades reales de seguridad de la ciudad.

Por su parte, Miguel Ángel Castellón ha sostenido que la reivindicación no responde a intereses partidistas, sino a una demanda histórica de la sociedad roquetera. El candidato al Senado ha denunciado la pérdida de medios materiales y humanos en numerosos cuarteles de la provincia y situó el caso de Roquetas como un ejemplo de la preocupación existente en torno a la seguridad ciudadana.

Así, cuando parecía que el debate sobre la convivencia entre la Guardia Civil y la Policía Nacional había quedado encauzado, una nueva polémica vuelve a agitar el escenario político local. Y, una vez más, la seguridad se convierte en uno de los principales frentes de confrontación entre el Ayuntamiento de Roquetas y el Gobierno central.

"Yo no voy a mover ficha"

La futura comisaría de la Policía Nacional, proyectada en los locales de la plaza de toros, se ha convertido también en una pieza clave del pulso entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior.

Aunque el inmueble ya fue cedido por el Consistorio y las obras de adaptación están en marcha, Amat ha lamentado que el Gobierno no haya informado sobre el calendario previsto ni sobre cómo encajará la llegada de la Policía Nacional con la continuidad de la Guardia Civil en el municipio.

El alcalde ha dejado claro que no está dispuesto a avanzar en ningún trámite mientras persista la incertidumbre. A su juicio, la implantación de la Policía Nacional no puede traducirse en una pérdida de efectivos o competencias de la Guardia Civil, por lo que reclamó explicaciones antes de dar por cerrado el proceso. "Yo no voy a mover fichas mientras que no tenga una seguridad de qué es lo que va a quedar en Roquetas", afirmó, convencido de que la ciudad necesita reforzar, y no sustituir, su actual dispositivo de seguridad