La puesta en marcha de la futura Comisaría Local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar se ha encontrado con un nuevo contratiempo. La reunión prevista para este martes entre la Dirección General de la Policía y los representantes sindicales, en la que se iba a presentar el catálogo de puestos de trabajo y las comisiones de servicio necesarias para comenzar a funcionar, ha quedado suspendida a raíz de una sentencia judicial relacionada con este proceso.

Según ha informado la Unión Federal de Policía (UFP), los responsables de la Administración tuvieron conocimiento de esta resolución a través de los medios de comunicación y han considerado necesario estudiar su contenido y alcance antes de continuar con el procedimiento. Por el momento, la reunión queda pendiente de una nueva convocatoria, sin que se haya concretado una fecha.

El encuentro debía servir para avanzar en la organización de la nueva dependencia policial, que contará inicialmente con 150 efectivos. El catálogo previsto contempla 108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario. Las plazas se adjudicarían mediante comisiones de servicio atendiendo a criterios objetivos como la antigüedad, el mérito y la capacidad.

Además, UFP había conseguido que las vacantes generadas por estos movimientos se publicaran posteriormente, con el objetivo de evitar que la llegada de agentes a Roquetas de Mar perjudicara directamente a las plantillas de otras dependencias policiales de la provincia. Estas plazas se ofertarían junto a otras destinadas a cubrir los servicios de seguridad de la Subdelegación del Gobierno en Almería y del Centro Penitenciario de El Acebuche, cuya responsabilidad pasará de la Guardia Civil a la Policía Nacional.

Una plantilla que ya generaba preocupación

La dotación de personal había sido precisamente una de las principales preocupaciones del sindicato durante los últimos meses. El pasado 22 de septiembre, UFP presentó un escrito dirigido al director general de la Policía solicitando que los 120 efectivos inicialmente previstos se incrementaran en otros 60 funcionarios.

La organización considera que las necesidades policiales de Roquetas de Mar, su crecimiento demográfico y la evolución de la delincuencia hacen necesaria una plantilla suficiente desde el comienzo. A ello se suma la reorganización de los servicios de seguridad en el conjunto de la provincia, especialmente por las nuevas competencias que asumirá la Policía Nacional.

También hay que tener en cuenta que la Comisaría comenzará a funcionar en unas instalaciones provisionales situadas en los bajos de la Plaza de Toros, un espacio limitado que servirá como sede transitoria hasta que esté disponible el edificio definitivo.

Incertidumbre ante la sentencia

La suspensión de la reunión ha provocado preocupación en UFP, que reclama prudencia a la hora de interpretar las posibles consecuencias de la resolución judicial. El sindicato advierte de que todavía es necesario conocer y analizar íntegramente la sentencia para determinar hasta qué punto puede afectar al proceso de implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar.

En este sentido, la organización cuestiona que se estén anticipando consecuencias jurídicas sin disponer de un análisis completo del fallo y plantea dudas sobre el acceso al documento y la información difundida hasta el momento. Asimismo, se pregunta por qué la Unión de Oficiales de la Guardia Civil no ha facilitado el contenido de una resolución a la que se atribuyen efectos importantes sobre el proyecto.

Desde UFP insisten en que cualquier decisión judicial debe respetarse y cumplirse, aunque consideran imprescindible examinar sus fundamentos antes de extraer conclusiones que puedan condicionar la apertura de la Comisaría.

Por ello, el sindicato pide a la Dirección General de la Policía que estudie la sentencia con la mayor rapidez posible y convoque una nueva reunión para aclarar qué aspectos del procedimiento pueden verse afectados y cuáles pueden continuar adelante.

La organización recuerda que la implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar es una reivindicación que acumula décadas de espera y considera fundamental evitar nuevos retrasos. Su objetivo, señala, es que el proyecto pueda materializarse cuanto antes y que lo haga con suficientes efectivos, medios materiales y garantías organizativas, tanto para los agentes destinados al municipio como para el resto de las plantillas de la provincia.