Entre el Hotel Portomagno y la zona del Puerto de Aguadulce, más de 460 vecinos viven aislados por una barrera arquitectónica que les impide acceder a pie a servicios básicos como el ambulatorio, la farmacia o el supermercado. 

Aunque estos servicios se encuentran a menos de 200 metros de sus viviendas, la única forma de llegar desde el paseo marítimo es subir por escaleras empinadas o por la rambla de la gitana que cuenta con una rampa con una pendiente del 21%, lo que obliga a muchos —personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos de bebé— a pagar taxis diariamente para poder hacer gestiones tan simples como ir al médico.

Seis accesos, todos con escaleras… y uno tapiado

La zona cuenta con seis accesos desde la parte alta de Aguadulce al Paseo Marítimo. Todos ellos son tramos de escaleras, salvo uno que está tapiado y a medio construir, terminando en un chalet privado que nunca ha sido habilitado como paso público. Este último, además, se ha convertido en un refugio improvisado para personas sin hogar.

El único acceso que no tiene escaleras es la Rambla de La Gitana, pero su rampa presenta una pendiente del 21%, muy por encima de lo recomendado por la normativa de accesibilidad. 

El resto de accesos, lejos de facilitar la movilidad a los vecinos, y para agravar la circunstancia también se han transformado en aseos públicos al aire libre, con acumulación de suciedad y excrementos que hace aún más difícil su tránsito.

Historias que reflejan una realidad invisible

Detrás de los números hay personas. Como Juan, un vecino de más de 70 años que cada mañana se posa sobre la valla de la escalinata que le separa de la playa. Se detiene allí para admirar el mar, y cuando sus vecinos pasan, le dicen: “Algún día volverás a bajar, Juan”. Él responde con una mirada llena de lágrimas. Hace años que no puede bajar por las escaleras.

También está María y Pablo, una pareja joven con dos hijos de 3 años y 5 meses. Con dos carritos por delante, María no puede salir sola de casa con sus hijos. Ni siquiera puede bajar uno de los carritos por separado. Su día a día depende de que alguien esté disponible para ayudarla.

Paola, trabajadora soltera sin hijos, vive de alquiler y no tiene coche. El supermercado está a cien metros, pero subir con un carrito de la compra por unas escaleras de cuatro pisos convierte la tarea en una odisea. A veces tiene que pedir ayuda o hacer varios viajes.

Gonzalo y su mujer, ambos de 70 años, sufren artrosis y problemas circulatorios. Bajar a la playa o simplemente pasear por el paseo marítimo se ha convertido en una tarea que dista mucho de ser agradable. Lo que debería ser un paseo se transforma en un esfuerzo físico que les limita.

Estos nombres son ficticios, pero sus historias son reales. Son el reflejo de cientos de vecinos que piden algo muy simple: que se cumpla la ley contra las barreras arquitectónicas y que todos tengan el mismo derecho a acceder a los servicios de su localidad.

Una ley que ya obliga a eliminar las barreras arquitectónicas

La petición vecinal no se basa solo en una necesidad evidente, sino en una obligación legal. El Real Decreto 505/2007, citado en los escritos presentados al Ayuntamiento, establece que las administraciones públicas deben garantizar la accesibilidad universal en los espacios urbanos, eliminando cualquier tipo de barrera arquitectónica que impida el tránsito de personas con movilidad reducida.

Pese a ello, los accesos entre el paseo marítimo y la parte alta de Aguadulce siguen siendo escaleras empinadas, rampas imposibles o directamente inaccesibles, incumpliendo la normativa vigente. Los vecinos no están pidiendo un lujo, sino el cumplimiento de una ley que reconoce su derecho a moverse libremente por su entorno.

Una petición ignorada por el Ayuntamiento

Estos vecinos no se han quedado de brazos cruzados y han enviado sus quejas y peticiones directamente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El primer escrito fue presentado al Consistorio  el 11 de abril de 2024, acompañado por las firmas de los 464 vecinos afectados. En él se solicitaba la instalación de montacargas o elevadores en cada uno de los accesos.

La respuesta del Ayuntamiento llegó días después, el 17 de abril de 2024, indicando que el caso había sido trasladado a varios departamentos técnicos. 

Sin embargo, 15 meses después, los vecinos siguen sin recibir una solución concreta. El segundo escrito, enviado el 4 de agosto de 2025, insiste en la urgencia del problema y solicita información sobre los informes técnicos elaborados.

La queja llega al Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de avances, los vecinos han decidido elevar su reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz, con un escrito fechado el 3 de octubre de 2025. 

En él se denuncia la incomunicación parcial de Aguadulce y se recalca el impacto económico que supone para muchos tener que pagar taxis diariamente para acceder a servicios básicos que están a escasos metros.

Además, se destaca cómo esta situación afecta también al turismo, especialmente a los grupos del IMSERSO que visitan la zona durante el invierno, y que se encuentran con barreras que les impiden disfrutar del entorno costero.

Una solución técnica viable y urgente

Los vecinos no solo han denunciado el problema, sino que han propuesto soluciones: instalación de montacargas, cintas mecánicas o rampas adaptadas. Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aceptada por el Ayuntamiento hasta la fecha.

La situación exige una respuesta inmediata. No se trata solo de urbanismo, sino de derechos fundamentales: el derecho a la movilidad, a la autonomía personal y a vivir en un entorno accesible.