Una nueva controversia ha sacudido esta semana al municipio de Roquetas de Mar y ha provocado una ola de indignación en redes sociales. El libro de las fiestas de la pedanía de Cortijos de Marín se ha convertido en foco de atención tras difundirse un vídeo donde el grupo municipal del PSOE denuncia la inclusión de una imagen del dictador Francisco Franco en la contraportada de dicha publicación.

El vídeo, que ha superado las 2.000 visualizaciones y cuenta con decenas de comentarios, compartidos y reacciones, muestra al portavoz socialista Rafael Torres interviniendo en el último pleno municipal para exigir explicaciones al equipo de Gobierno que encabeza Gabriel Amat (PP).

“¿De verdad el alcalde firma un saludo en un libro editado aparentemente por el Ayuntamiento sin saber qué se publica dentro?”, preguntó Torres durante su intervención. “¿Dónde está el filtro? ¿Se aceptan todos los anuncios sin restricciones? ¿Nadie lo revisa?”.

En la contraportada del libro, según se mostró en el pleno, aparece una imagen que incluye al rey emérito Juan Carlos I, al actual rey Felipe VI y al dictador Francisco Franco, lo que el PSOE califica como una “vulneración de la Ley de Memoria Democrática”.

Pero la polémica no se limita a la imagen. Desde el grupo socialista han denunciado lo que consideran un “desastre organizativo” en las fiestas de Cortijos de Marín: falta de programación, ausencia de comisión de fiestas, quejas vecinales y escasa actividad festiva. “Las fiestas estaban muertas”, afirmó Torres, quien aseguró que solo se realizaron unas pocas actividades impulsadas directamente por el Ayuntamiento.

“Queremos saber quién ha editado ese libro, qué relación tiene el Ayuntamiento con su contenido y, sobre todo, cómo se ha permitido una imagen de estas características en una publicación oficial”, señaló el portavoz socialista.

Hasta el momento, el equipo de Gobierno no ha ofrecido respuesta oficial a las preguntas planteadas en el pleno. Desde el PSOE lamentan el silencio institucional y advierten que estarán atentos al acta del pleno para comprobar si finalmente se recoge alguna explicación. “Jamás se pronuncian”, sentenció Torres.

La controversia ha avivado el debate sobre la responsabilidad institucional en la edición de publicaciones oficiales, así como sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en los actos y documentos públicos. Todo ello en un momento en que la ciudadanía demanda mayor transparencia y control en la gestión de los recursos municipales.