El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por la mercantil Azata del Sol contra la resolución para proceder a la expropiación parcial de los suelos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico, en Carboneras.

Según han informado desde el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen, el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos para su expropiación así como la relación de bienes afectados para su declaración pública ha sido confirmado en todos sus extremos. 

Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre; esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa, que se fijó inicialmente en el plazo de cinco meses desde febrero, y agilizar la demolición del edificio.

Frente a ello, Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo para intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos del inmueble. La promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la “incorrecta” descripción. 

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero supone la expropiación de solo la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel, ya que la otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria para propiciar la demolición e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en 2003, lo que que depende del Consistorio.

La organización Greenpeace ha celebrado el rechazo del Gobierno al recurso a la vez que ha instado a la Junta a que emule este proceso con los suelos que son de su competencia.

“Sería un absurdo que sólo se derribe una parte. La Junta de Andalucía tiene que actuar ya en su parte”, ha señalado la responsable del Área de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, quien ha valorado la acción del Ejecutivo central. “Tras 20 años de batallas judiciales” ha recordado antes de reconocer que este paso “nos acerca un poco más al final del hotel”.