En diciembre de 2009, ante el hundimiento de precios que arrastraba el campo almeriense desde hacía un año, grupos de agricultores almerienses decidieron no vender su producto, salvo con un precio mínimo. Esta pequeña revolución la secundaron cooperativas, SAT y alhóndigas y meses después la Comisión Nacional de la Competencia abría expediente a Asaja y Coag.

Sin embargo, ayer en París la ministra española de Agricultura, Rosa Aguilar, y su homólogo francés, Bruno Le Maire, no sólo se manifestaron a favor de las tesis de las organizaciones agrarias españolas, sino que dieron un paso más y aprobaron una hoja de ruta que pretende regular el mercado hortofrutícola ante futuras crisis de precios, y que llevarán al Consejo de Ministros de Agricultura del 20 de septiembre.

Para ello, España y Francia contemplan (se sumará también Italia) una adaptación del derecho europeo de la competencia. La idea es reforzar el poder de negociación de los productores (el eslabón más débil) ante el monopolio de la gran distribución. Se articulará un dispositivo de retirada de hortalizas, por un período determinado, con indemnizaciones compensatorias.

Esta iniciativa también incluye dispositivos de seguros de rentas para estabilizar ingresos y ayudar a los productores a hacer frente a los períodos de crisis.

Claves del acuerdo parisino Le Marie-Aguilar

Dar más poder a los agricultores frente a la distribución.

Hay que cambiar la actual normativa europea sobre competencia.

Se indemnizará la retirada de productos.

A nivel comunitario y por un tiempo determinado.

Se garantizarán ingresos mínimos.

A través de seguros de rentas o fondos mutualizados.

Más transparencia en los mercados.

Información actualizada sobre producción y consumo.

No más vuelcos de camiones.

Convocarán una reunión en la frontera para dar fe de la libre circulación de camiones y mercancías entre ambos países.