Las plantas de tratamiento que dan servicio a los Consorcios de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense (CRP) y el Sector II, se han quedado obsoletas y necesitan una inversión urgente pñara incorporar tecnología de última generación que permita garantizar el servicio a una población que ya alcanza las 360.000 personas. Esa ha sido la petición que le han hecho llegar Francisco Góngora y Eugenio Gonzálvez, presidentes respectivamente de ambos consorcios, a la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández.

El encuentro ha permitido conocer cuáles son las actuaciones que tienen previstos los dos consorcios de gestión de residuos y estudiar las posibilidades de que éstos se enmarquen dentro de las inversiones financiadas por el Fondo de Inversión y Ayuda con cargo a fondos de la Unión Europea. Según explicó Francisco Góngora, presidente del CRP, se necesita adaptar la capacidad de las plantas de tratamiento al crecimiento demográfico de los 56 municipios que conforman ambos consorcios, así como renovar la maquinaria y equipos actuales, ya que muchos de ellos se encuentran obsoletos, al haber agotado prácticamente su vida útil. Góngora planteó “la urgencia que hay de sustituir esa maquinaria e incorporar tecnología de última generación a las instalaciones para garantizar un servicio de calidad y de futuro a una población que, hoy en día, roza ya los 360.000 habitantes, así como para asumir los retos de eficiencia y sostenibilidad que marca la propia Europa en esta materia”.

Tanto Gonzálvez como Góngora expusieron a la delegada de Gobierno que es necesario contar con unos nuevos sistemas de optimización y ampliación en las plantas, que acumulan un tratamiento anual de algo más de 150.000 toneladas de residuos urbanos y de unos municipios que generan cada año una gran diversidad de residuos “para los que las plantas deben de estar acondicionadas”. De acuerdo a esos tres objetivos de mejora de gestión, eficiencia de los recursos y reducción del porcentaje de rechazo, la inversión necesaria sería de unos 10,5 millones de  euros como mínimo, según se expuso en el encuentro. De ahí que se le haya pedido a la Junta que incluya en su agenda política y financiera las inversiones requeridas y que se pueda acceder también a fondos comunitarios.