Los cambios de estatutos anunciados para Galasa, la empresa que gestiona el agua en la mayor parte de los pueblos del Almanzora y el Levante, han convertido a esta deficitaria sociedad pública en un arma política. Los partidos han tomado posiciones en las últimas semanas, y a la reunión vital de hoy llegan en dos bloques enfrentados.

Por un lado está la Diputación de Almería, que es la accionista mayoritaria en Galasa y pretende impulsar cambios que permitan reducir su deuda, que rondaría los 37 millones de euros. En el otro lado están los Ayuntamientos gobernados por el PSOE, o apoyados por los socialistas, como es el caso de Vera, que consideran que los cambios “son un despropósito”, y que lo que la Diputación realmente quiere es controlar el precio del agua, algo que ahora mismo está en manos de los Ayuntamientos. La Diputación no quiere de momento pronunciarse. Espera a que termine la reunión de este lunes para dar su versión de la negociación, y valorar los cambios que pretende impulsar y que hoy podrían quedar aprobados (tiene la mayoría suficiente para hacerlo).

Las negociaciones entre ambas partes han existido a lo largo de las últimas semanas, tal y como ha podido saber este periódico. El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, se habría mostrado dispuesto a suprimir los cambios previstos para el artículo 6, precisamente el que propone que los municipios aceptarán las tarifas que apruebe la Junta General de la Sociedad y el Pleno de la Diputación de Almería.

Subir el precio del agua
En esa reunión, a la que además del vicepresidente de la Diputación Provincial acudieron todos los alcaldes de los municipios adscritos en Galasa, también se pretendió acordar una futura subida en la tarifa del agua en todos los municipios para ir reduciendo la deuda millonaria que mantiene la sociedad pública, según fuentes presenciales.
La futura aprobación de esta subida en la tarifa del agua coincidiría con las sospechas de Izquierda Unida, que el viernes criticó con dureza “que tanto desde el equipo de Gobierno de Diputación como desde la empresa Galasa se quiera hacer pagar a los ciudadanos de los pueblos de la provincia la mala gestión que se ha realizado”, según declaró la diputada de IU María Jesús Amate.

“La empresa tiene una deuda considerable y se pretende que con las tarifas se cubran los gastos de Galasa”, considera Amate, que pide que en las nuevas tarifas se tenga en cuenta a las familias con un consumo medio y equilibrado, y se penalice “a las viviendas vacías y a personas que derrochen agua”. Amate asegura que el consejero delegado de Galasa ha reconocido “que quizá se haya derrochado demasiado”. ¿Pagarán los vecinos ese presunto derroche?.