El Ayuntamiento de Garrucha gestionó el ejercicio 2022 al margen total de la regularidad presupuestaria, contractual y de personal. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) con un duro documento que deja en evidencia una gestión municipal caracterizada por la "opinión desfavorable sobre el cumplimiento de legalidad" y la "denegación de opinión sobre la fiscalización financiera".

El pronunciamiento del este autonómico de la gestión bajo la Alcaldía de María López (PSOE) señala una estructura municipal con graves irregularidades ante, presuntamente, millones de euros gastados sin cobertura legal, puestos de trabajo en fraude de ley y un manejo opaco de fondos públicos en dependencias municipales como el aparcamiento subterráneo.

Las claves del informe

Una de las presuntas irregularidades que más llaman la atención dentro de los documentos emitidos por la CCA a los que ha tenido acceso este medio es que el Consistorio garruchero reconoció no haber formalizado ningún contrato conforme a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) desde 1975 hasta 2018. Así, entre 2015 y 2024, los gastos sin cobertura contractual ascendieron a la friolera de 7.876.070,30 euros, de los cuales 1.068.524,32 euros corresponden a facturas emitidas únicamente en 2022.

"Según reconoce la propia Entidad Local, no ha formalizado ningún contrato conforme al procedimiento legal desde 1975 hasta 2018, año en el que adjudica el primero", señala literalmente el informe. A esto se le suma la inexistencia de la función interventora en 2022. El propio interventor reconoció que no disponía de tiempo para ejercerla, lo que permitió autorizar pagos por más de 8,5 millones de euros sin los controles preceptivos, siempre según la cámara andaluza.

Dentro de este análisis también se hace especial hincapié en el área de personal y recursos humanos, que según éste acumuló desviaciones millonarias y prácticas al margen de la normativa como la Falta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT), utilizando de forma irregular el complemento específico (815.269,78 euros en 2022) sin previa valoración.

Además se indican las horas extraordinarias ilegales con 17 empleados públicos superaron ampliamente el límite legal de 80 horas anuales, acumulando 2.055,30 horas de exceso y generando pagos de al menos 75.136,50 euros por encima de la ley. Del mismo modo, la cámara indica un presunto fraude de ley en la estabilización al detectar 24 plazas (un 31,58% del total del proceso de estabilización) con subgrupos, niveles o denominaciones distintas a las reales, además de 20 plazas que incumplirían el tiempo mínimo de ocupación ininterrumpida.

Caja del parking

Otro de los episodios más llamativos de los que aborda la Cámara de Cuentas afecta al aparcamiento subterráneo municipal. Desde su apertura en 2014 y hasta principios de 2025, los vigilantes del parking manejaron dinero en efectivo (fianzas por el uso de mandos a distancia) presuntamente al margen de la contabilidad oficial.

"La Tesorería no ha ingresado el dinero resultante de la diferencia entre tales cobros y pagos en efectivo en ninguna cuenta corriente de la titularidad municipal... por lo que se desconoce cuál ha sido su destino durante todo el período 2014-enero 2025", subraya la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Un informe que supone toda una sacudida a la política municipal a falta de las reacciones con los datos y las conclusiones de la CCA en la mano tanto de quien ostentaba entonces la Alcaldía del Ayuntamiento como del actual Gobierno municipal.