La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha recibido un total de 157 alegaciones al Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), que corresponden con 42 organismos públicos y privados que han hecho llegar sus propuestas para la mejora del documento.

Entre los ayuntamientos demandantes están los de Almería, Huércal-Overa y Roquetas de Mar, así como la  Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense.

El periodo de información pública finalizó el pasado mes de septiembre y los técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda están estudiando en estas semanas las propuestas, así como la respuesta a las mismas en el menor plazo posible, de forma que el PAB esté aprobado definitivamente antes de que finalice el año.

Estas propuestas provocarán eventuales cambios en la definición del Plan, cambios de los que dará cuenta el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, en una próxima reunión de la Comisión de Redacción del PAB.

Informe favorable

El Plan Andaluz de la Bicicleta en el que trabaja la Consejería de Fomento y Vivienda prevé la construcción de 1.064 kilómetros de vías ciclistas en diez áreas urbanas y metropolitanas de la comunidad autónoma (las ocho capitales de provincia más Jerez de la Frontera y Algeciras). Así lo recoge el Plan, que ha recibido ya el informe favorable de la Comisión de Redacción del mismo, integrada por distintas administraciones públicas y colectivos defensores de la movilidad sostenible. La Consejería ultima ahora al documento, con las aportaciones de los distintos agentes implicados, antes de su salida a información pública.

El Plan establece por primera vez un marco general de actuaciones en materia de vías ciclistas. “Éstas son infraestructuras óptimas, plenamente eficientes desde el punto de vista de los beneficios asociados a la inversión en términos de movilidad cómoda y segura, de salud pública y de medio ambiente urbano”, ha señalado Cebrián.
El viceconsejero, que ha presidido la reunión de la Comisión de Redacción, ha destacado la “amplia participación de representantes de otras administraciones públicas implicadas y de los colectivos defensores de la movilidad”.