Una mañana del mes de enero de 2008 un dispositivo de la UCRIF de la Policía Nacional precintó la sede de la Asociación Amanecer de Ayuda al Inmigrante en la calle Granada. Una operación contra el fraude a ciudadanos extranjeros en la regularización de sus permisos ponía el foco sobre Gregorio Martínez, presidente de una popular y controvertida ONG, y al responsable de una gestoría llamada Nanut and Rex S. L., reseñado como J. G. L.

Martínez llevaba tiempo observado por las autoridades tras proponer una peculiar sistema de regularización basado en precontratos laborales y ofrecer a los inmigrantes un carné de la Asociación Amanecer como documento de identificación. Entonces, los registros y las detenciones apuntaban a la desarticulación de una de las grandes tramas descubiertas en la provincia en materia de extranjería.

Sin embargo, seis años después, la Justicia ha ventilado el caso con condenas muy inferiores a la dimensión adquirida entonces por la investigación de la Policía Nacional. Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, alcanzada por conformidad gracias al pacto entre fiscal y defensas, los principales imputados no tendrán que ingresar en la cárcel.

Según el documento, al que ha tenido acceso LA VOZ, Gregorio Martínez y la secretaria de la Asociación Amanecer son condenados a tres meses de prisión por una única estafa, el falso gestor administrativo a dos años y ocho sospechosos quedan liberados de carga.

Casos

La sentencia, cuya ponente es la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros, relata un solo caso de fraude gestionado por la presunta ONG. Se trata de una trama para hacerse con 3.000 euros de una mujer marroquí interesada en traer a España a dos hijos. Según los hechos probados de la sentencia, presidente y secretaria, “con ánimo de lucro y defraudatorio”, solicitaron el pago de 3.000 euros en agosto de 2007 por los  trámites.

Esta es la única circunstancias fraudulenta destapada por la autoridad judicial. El resto de las estafas están adjudicadas a Nanut and Rex S. L. En total, la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería relata  una docena de episodios de fraude con cantidades “entre 9.000 y 5.000 euros por cada inmigrante cuya documentación tramitaran y dependiendo del número de personas”.

El tribunal condena a los acusados a pagar unas condenas simbólicas y fija las indemnizaciones en cantidades equivalentes a la entidad del fraude (4.000 por 4.000, por ejemplo).

En una entrevista concedida a LA VOZ en diciembre de 2007, horas después de quedar en libertad con cargos, Gregorio Martínez aseguró desde su despacho: “Todas las gestiones son gratuitas, aquí no cobramos. Las empresas a las que llevamos altas y bajas de la Seguridad Social sí nos ayudan, pero poco. Esto sale de mi bolsillo”.