El Ayuntamiento de Mojácar ha atribuido a una "grave negligencia urbanística del PSOE en 1987" la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería que le obliga a abonar 795.026 euros como compensación por la expropiación forzosa de una parcela de 2.204 metros cuadrados, calificada como sistema general de espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, la situación se remonta a las Normas Subsidiarias aprobadas hace 38 años, bajo un gobierno socialista, que calificaron la parcela como "espacio libre", lo que, según han afirmado, exigía su "expropiación inmediata" y la indemnización a los propietarios, "algo que no se cumplió".

El actual alcalde del municipio, Francisco García, ha manifestado que "en el momento en el que se hacen las normas subsidiarias en el año 87 ese suelo se declara como espacio libre, que es donde se instalan las antenas de telefonía. En ese momento se le tenía que haber indemnizado a los propietarios del terreno con el precio que se estipulaba entonces, expropiándolo debidamente".

El Ayuntamiento ha recordado que durante casi cuatro décadas la situación quedó sin resolver y que no fue hasta 2017 cuando los titulares del terreno, situado en el paraje de Cueva Morales, iniciaron un procedimiento judicial "reclamando la expropiación forzosa".

El procedimiento derivó en la declaración de la expropiación por ministerio de la ley, conforme al artículo 140 de la LOUA, y en la fijación del justiprecio por parte de la Comisión Provincial de Valoraciones en marzo de 2024.

La cantidad establecida ascendió a 795.026 euros, aunque el Ayuntamiento no cumplió el plazo legal de seis meses para abonar la suma. La jueza apreció inactividad administrativa y destacó que no constaba tramitación presupuestaria alguna pese a los requerimientos de junio y diciembre de 2024.

La resolución, que estima parcialmente la demanda de cinco miembros de la familia propietaria, ordena al Consistorio ejecutar el acuerdo de valoración, abonar el justiprecio fijado y asumir los intereses legales desde el 13 de septiembre de 2024, así como los de demora desde el 5 de abril de 2023, fecha de presentación de la hoja de aprecio.

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado "con responsabilidad y rigor jurídico", recurriendo todas las decisiones, valoraciones y tasaciones con el objetivo de "minimizar el impacto económico para los ciudadanos".

"Con todos los años que habían pasado, el dineral y el sobrecoste que tenía que pagar el Ayuntamiento era enorme, así que se tenía que pelear y luchar para que se pagara lo menos posible o que no se pagara nada. Y eso hemos hecho: pelear la sentencia hasta el último momento", ha afirmado.

"Desgraciadamente, por culpa de una mala gestión urbanística del PSOE del año 87, ahora -más de 38 años después- nos vemos obligados a pagar porque así lo ha determinado un juez", ha manifestado García, quien ha añadido que "desde el primer momento se ha trabajado para defender el patrimonio municipal, logrando reducir al máximo el impacto económico de una situación heredada y ajena a este equipo de gobierno".

Desde el Ayuntamiento han remarcado que este tipo de situaciones "heredadas de gestiones pasadas, sin previsión ni responsabilidad, no tienen cabida en la actual forma de gobernar".

En este sentido, han reiterado su compromiso con una planificación urbanística "rigurosa, transparente y que respete los derechos tanto de los propietarios como de la administración pública".

El Consistorio ha lamentado que "decisiones erróneas del pasado sigan comprometiendo los recursos públicos del presente", si bien ha asegurado que seguirá actuando "con firmeza y transparencia para que nunca más Mojácar tenga que pagar los errores de otros".