Adiós. Esa es la palabra con la que ayer despedía la Junta de Gobierno Local a la Unión Temporal de Empresas Telvent-Inabensa como concesionarias de la Ciudad Digital, un servicio que ha estado en sus manos durante ocho años y que, según los técnicos municipales, nunca llegó a superar el 52 por ciento de los servicios que le fueron encargados.
Precisamente por ello, y tras contar con la resolución positiva del Consejo Consultivo de Andalucía, se aprobaba dar carpetazo y rescatar el servicio por parte del Ayuntamiento tras casi dos años intentándolo.
La resolución aprobada ayer contempla acabar con el contrato por “incumplimientos graves de la concesionaria de las obligaciones contractuales y el abandono de la explotación de la concesión”, dando, con ello, por extinguido el contrato de 18 de noviembre de 2004 que suponía un importe total de 28 millones de euros y un periodo de cesión de 20 años.
Este final supone el reconocimiento del Ayuntamiento de una deuda con la empresa de 5.083.000 euros contando con los intereses de demora. Una cuantía muy inferior a la prevista por parte de la empresa que pedía al Ayuntamiento más de 20 millones de euros al considerar que funcionaban el 90 por ciento de los servicios.
Esta cuantía, según explicaba la concejal de Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, “se pagará a la empresa en tres anualidades, la primera este año y supondrá 2 millones de euros, en 2014 se pagarán 1,5 millones, y el resto se pagará en 2015”.
La lectura política que hace la edil es que se trata de “una concesión que empezó mal y que ha acabado mal”, cabe recordar que su adjudicación acabó en los tribunales, y reconoce que aquello que hace ocho años iba a ser “un proyecto revulsivo y que nos iba a poner a la cabeza de la administración electrónica, no ha cuajado” y de hecho, “ahora estamos en el furgón de cola”.
De momento este final definitivo por parte del Ayuntamiento puede ser un punto y seguido si la UTE decide presentar un recurso de reposición e ir incluso a los tribunales, algo que espera Martínez Labella, pero la postura municipal “es inamovible”.