El Decreto del Litoral aprobado por el Gobierno andaluza ha levantado ampollas en algunos municipios de la costa almeriense. El delegado provincial de Medio Ambiente explica las razones de su conveniencia.

El Decreto ha levantado un gran revuelo entre los alcaldes de los municipios costeros gobernados por el Partido Popular, como los de Almería, Carboneras, Níjar o Cuevas del Almanzora, que consideran que este Decreto supone un bloqueo a la inversión.
Creo que estas reacciones han sido prematuras e injustificadas, fruto quizás del desconocimiento del contenido del Decreto Ley. El objetivo de este Decreto y de las medidas adoptadas es adecuar el desarrollo urbanístico a las necesidades reales y garantizar así la protección de los valores naturales y paisajísticos de nuestro territorio, que son la base del desarrollo económico, especialmente de la actividad turística y de la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades.

Los alcaldes insisten en que paralizará la actividad inmobiliaria.
No es así. El Plan no pretende suprimir desarrollos urbanísticos en marcha, sino eliminar falsas expectativas. Nos encontramos en un momento en el que el sector inmobiliario necesita una importante reconversión hacia modelos mucho más selectivos y profesionalizados. Y lo hace en unas circunstancias en las que el coste social y económico puede tener un menor impacto. La coyuntura actual también favorece la adopción de las medidas de suspensión cautelar ya que existe una actividad muy baja en los procesos de urbanización. De hecho, en el último año, en la provincia de Almería solo se ha tramitado un plan parcial que afecte al litoral, un sector residencial, de Garrucha.

¿Este Plan de la Junta de Andalucía se ha hecho para contrarrestar la Ley de Costas del Gobierno central?
En absoluto. El Decreto Ley no pretende ningún enfrentamiento con el Gobierno de Madrid, pero es evidente que deja claro que a la hora de entender el desarrollo urbano hay sensibilidades y enfoque diferentes. Se contribuirá a la protección y defensa del propio dominio público.

¿La adecuación de los planes municipales al POTA, supondrá una desclasificación de los suelos urbanizables existentes?
Adaptar no implica necesariamente desclasificar suelos urbanizables. La clasificación o desclasificación es una decisión municipal y debe contemplarse en el ámbito de la revisión del planeamiento. El objetivo del Decreto Ley es incentivar la revisión de los planes y evitar los desequilibrios en cuanto a suelos clasificados.

¿Cuántos ayuntamientos de la provincia han adaptado sus Planes Generales de Ordenación Urbana al POTA?
A pesar de que han pasado ya seis años desde la aprobación del POTA, sólo el 11% de los municipios andaluces han adaptado sus planes al POTA. En la provincia de Almería, únicamente lo han hecho Roquetas de Mar, El Ejido y Lubrín. De los trece municipios costeros almerienses, sólo se han adaptado dos.

Algunos alcaldes de que el Decreto Ley se ha aprobado sin contar con los ayuntamientos afectados.
La urgencia de las medidas adoptadas obligaban a tramitarlas como Decreto Ley, de manera que el Gobierno andaluz tuviera una capacidad de respuesta ágil y rápida a los problemas planteados especialmente cuando se trata de adoptar medidas cautelares cuya discusión invalidaría la propia eficacia de las medidas.