El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Almería a R.B., un joven argelino de 20 años, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La Sala desestimó el recurso de apelación presentado por su defensa, que buscaba reducir la pena bajo el argumento de que su participación fue secundaria.

Según los hechos probados, el acusado, junto con otro individuo ya sentenciado, organizó en mayo de 2023 un viaje clandestino desde las costas de Argelia hasta España. Por un coste de entre 6.500 y 7.000 euros por persona, 14 ciudadanos marroquíes y dos argelinos fueron embarcados en una lancha de fibra de escasas dimensiones, inadecuada para travesías marítimas de alta mar.

La embarcación carecía de elementos esenciales de seguridad, como chalecos salvavidas, balsas de emergencia o sistemas de radiocomunicación. Además, el acusado no poseía titulación para la navegación y asumió tareas de auxilio al piloto, incluyendo el manejo del GPS y el repostaje del motor.

La travesía resultó desastrosa. Horas después de zarpar de Mostaganem, en la costa argelina, el motor comenzó a fallar. Sin bomba de achique funcional, los ocupantes debieron achicar agua manualmente mientras arrojaban bidones para aligerar peso. Finalmente, la embarcación quedó a la deriva y fue avistada por un barco de recreo, que alertó a Salvamento Marítimo. Los inmigrantes, hacinados en la proa porque la popa comenzaba a hundirse, fueron rescatados "in extremis" por la Salvamar Spica a 3,7 kilómetros de San José, en Almería.

La sentencia destaca la gravedad del delito debido a las condiciones de extrema precariedad y el riesgo vital al que se sometió a los ocupantes. La defensa argumentó que R.B. era un "pasajero más" que necesitaba el dinero para su propio sustento, pero el tribunal rechazó esta versión al considerar que el acusado contribuyó de manera esencial al transporte ilegal.

En su resolución, el TSJA refuerza el criterio de la Audiencia Provincial, afirmando que ambos acusados actuaron como coautores del delito al compartir el "dominio funcional" de los hechos. Asimismo, descarta aplicar un subtipo atenuado que podría haber reducido la condena, señalando que el acusado participó activamente en un acto que puso en peligro extremo la vida de los migrantes.