La juez instructora del procedimiento por presunto delito electoral contra el exalcalde de Carboneras, Francisco Ruiz Aguado, tres exediles socialistas y un empresario ha urgido a las cuatro principales operadoras de telefonía móvil para que faciliten al equipo de la Guardia Civil los datos relativos a los titulares de cinco números a fecha 27 de mayo de 2007 "aunque fueran secretos".

El oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, es el tercer requerimiento de este tipo que realiza el juzgado desde febrero, en el que ordenó nuevas diligencias e interesó que se investigase la titularidad y filiación de los números de teléfono recogidos en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los "favores" que el exregidor, según los indicios, prometía a cambio de voto tales como mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.

En el primer auto con este requerimiento, la jueza daba a las operadoras un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la orden para ejecutarla. En esta resolución, justificaba la intervención del derecho al secreto de las comunicaciones en que, en el estado actual de la instrucción, se trataría de la "única vía de investigación para el esclarecimiento" de los hechos, por lo que concurrirían los presupuestos necesarios para acordar la medida de carácter excepcional".

"Los teléfonos móviles debían de tener un titular, y salvo que se tratara de antiguas tarjetas que no precisaban identificación a su compra, es necesario determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y la identidad de las personas intervinientes", según señala.

Ruiz Aguado, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le "sorprendió" tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera dispuso también que la Policía Local de Garrucha "constatase la existencia de las obras" que detalla la acusación particular ejercida por el letrado Enrique José Cerrudo y que aparecen mencionadas en el atestado policial y que se pudieron identificar tras recomponer el "detritus" en que quedaron convertidos los documentos.

Ordenaba, en esta línea, que se entrevistase a sus beneficiarios "a efectos de poder determinar si alguna de esas personas pudo votar por correo en base a la promesa recibida por los imputados". El fiscal, que informó favorablemente a la práctica de diligencias, indicó que lo "básico" era "localizar" una persona que "votara a petición de lo imputados en base a un favor a recibir".

La juez acordaba, asimismo, en la resolución que se determinase la titularidad de los números de teléfono que figuraban en los documentos intervenidos, así como que se tomase cuerpo de escritura y se practicase la pericial caligráfica para verificar si Ruiz Aguado era el autor de las notas manuscritas.

La Audiencia Provincial de Almería ordenó en marzo de 2011 al juzgado instructor que continuase la causa abierta por un presunto delito electoral contra el exregidor al considerar que existían "indudablemente" toda una serie de "indicios racionales de criminalidad".

Reprochaba el tribunal a la Fis