La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha expresado su preocupación por la posibilidad abierta por la nueva Ley de Costas  de que los puertos andaluces puedan dejar de pertenecer al dominio público para convertirse en propiedades privadas.
Su preocupación se deriva de la nueva Ley de Costas que actualmente está tramitándose en las Cortes Generales y que, entre otras modificaciones, recoge la opción de “priorizar los intereses privados en detrimento del interés general, persiguiendo la privatización parcial de determinados puertos como son las marinas interiores”, sostiene la consejera andaluza.
Concesiones a empresas
No es sólo esa posibilidad de privatización, sino que Elena Cortés ha criticado también que se amplíe, sin justificación concreta, el plazo de las concesiones a empresas privadas, relativas fundamentalmente a los puertos deportivos, la mayoría con títulos que fueron otorgados por el Estado en época predemocrática.
La consejera sostiene que esa propuesta refleja “una falta de seguridad jurídica que afecta tanto a la ciudadanía en general, que debe ser siempre la beneficiaria de la gestión del dominio público, como a los usuarios concretos de los puertos, ya que no se delimita con exactitud la naturaleza de las concesiones objeto de la nueva regulación, ni el año a considerar para el cómputo de los plazos”.
El ‘canon demanial’
Cortés ha añadido a sus denuncias sobre los posibles efectos de la nueva Ley la imposición de un canon denominado ‘canon demanial’, que deberán pagar los concesionarios de los puertos autonómicos, y que en cambio no se exige en los puertos del Estado. Según afirma, la aplicación de ese nuevo canon provocaría, “además de una práctica confiscatoria, un riesgo de quiebra tanto para el concesionario de los puertos como para el sistema portuario autonómico en beneficio del sistema estatal”.
En lo que se refiere a la provincia de Almería, estas nuevas normas afectarían a todos los puertos deportivos y al conjunto de los puertos pesqueros o comerciales, a excepción del de la capital y los puertos de Carboneras que gestionan Endesa y Holcim. Cortés ha llamado a un consenso de las fuerzas políticas para reformar una propuesta de normativa que considera lesiva para  los usuarios y para la Junta.